En declaraciones brindadas al periodista Juan Amorín en la emisora Radio 10, la diputada nacional y exdirectora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, analizó el reciente ingreso a la Argentina del senador brasileño Flavio Bolsonaro, quien abandonó su país en medio de restricciones judiciales impuestas tras el proceso electoral en Brasil.
Durante la entrevista radial, la legisladora estableció una distinción precisa entre el procedimiento administrativo de control fronterizo y la responsabilidad institucional del Poder Ejecutivo, señalando que la llegada del parlamentario a territorio nacional configura una «aberración política» impulsada por la administración del presidente Javier Milei.
Inexistencia de alertas internacionales en el procedimiento migratorio
En relación con el aspecto técnico del control fronterizo, la ex titular del organismo migratorio explicó que la Dirección Nacional de Migraciones actuó de acuerdo a derecho, debido a que no existían registros oficiales que impidieran el ingreso del legislador brasileño ni de su grupo familiar.
Carignano detalló que el senador presentó la documentación correspondiente y que no pesaba en el sistema ningún alerta internacional ni notificación de Interpol emitida por la justicia federal de Brasil. Ante la ausencia de un requerimiento judicial notificado formalmente a los canales internacionales de cooperación policial, los inspectores migratorios no contaban con herramientas legales para frenar el paso.
La diputada remarcó que las oficinas de control fronterizo operan a partir de bases de datos interconectadas con organismos como Interpol. Al no haber sido cargada una restricción específica por parte de los tribunales de origen, el trámite de ingreso se completó bajo los parámetros habituales para cualquier ciudadano extranjero con documentación habilitante.
El cuestionamiento político al Poder Ejecutivo y la potestad de ingreso
Pese a validar el accionar de los funcionarios de carrera de Migraciones, la legisladora enfocó su crítica en la conducción política del Gobierno nacional. Según sostuvo en Radio 10, el Poder Ejecutivo posee la potestad discrecional de denegar el ingreso a personas requeridas por la justicia de países democráticos, aun ante la falta de un alerta formal en los sistemas.
Carignano fundamentó su postura recordando que, durante su gestión al frente de Migraciones, tomó la determinación política de rechazar la entrada al país de un individuo vinculado al narcotráfico internacional proveniente de Estados Unidos, asumiendo las responsabilidades jurídicas derivadas de dicha medida.
En este sentido, la diputada enfatizó que el Presidente de la Nación debió entablar comunicación directa con las autoridades de Brasil antes de permitir el establecimiento en el país de un dirigente que evadió las medidas cautelares fijadas por la justicia de su nación.
Pedido de informes parlamentarios por el uso de recursos públicos
Otro de los ejes abordados en la entrevista con Juan Amorín estuvo centrado en las condiciones logísticas en las que se llevó a cabo el arribo de la comitiva. Carignano adelantó que desde el ámbito legislativo se impulsarán pedidos de informes para transparentar el operativo.
Entre los puntos a esclarecer, la diputada mencionó la presencia en el lugar del asesor presidencial Santiago Caputo, así como la necesidad de precisar el origen de los fondos utilizados para el financiamiento del traslado, la titularidad de la aeronave empleada y la eventual intervención de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
La representante parlamentaria argumentó que el uso de estructura o recursos estatales en operativos de esta índole exige explicaciones públicas detalladas ante el Congreso de la Nación, en resguardo de las arcas públicas y de la institucionalidad.
Impacto en las relaciones bilaterales y el comercio con Brasil
Finalmente, Carignano advirtió sobre las consecuencias diplomáticas que este episodio genera con el principal socio comercial de la Argentina. La diputada recordó que las relaciones bilaterales atraviesan un contexto complejo, caracterizado por la ausencia de embajadores designados en ambas capitales.
La exfuncionaria manifestó preocupación por el perjuicio que estas decisiones puedan ocasionar en el sector productivo y exportador argentino, indicando que la escalada de tensiones políticas compromete el vínculo estratégico con Brasil y genera inquietud entre los actores industriales de ambos países.
