La reciente transferencia al sector privado de la transportadora eléctrica de alta tensión Transener ha generado un profundo debate político y gremial en la Argentina. La controversia gira en torno al proceso de adjudicación de las acciones estatales, el posterior reparto de utilidades multimillonarias por parte de sus nuevos dueños y el impacto del incremento de tarifas sobre los hogares.
Los detalles de la privatización y el reparto de dividendos
La empresa Transener, que controla una red estratégica de 12.000 kilómetros de líneas de alta tensión en todo el territorio nacional, inició su proceso de privatización cuando el Estado nacional decidió licitar el 26,32% de las acciones que poseía a través de la firma estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA).
Según detalló la periodista de investigación Nuria Mendizábal en el programa Somos Radio AM 530, el proceso licitatorio fue objeto de impugnaciones por parte de diversos oferentes debido a una falla electrónica generalizada en el sistema justo en el momento del cierre de las ofertas. Tras restablecerse el sistema informático, la adjudicación resultó a favor de los empresarios Juan y Patricio Neuss, asociados bajo la firma Edison Energía en conjunto con la empresa Genneia (controlada por Jorge Brito), por un valor de 356 millones de dólares.
De acuerdo con la información difundida por Mendizábal, la rentabilidad de la transportadora ya se encontraba garantizada antes del traspaso accionario, dado que las tarifas de Transener registraron incrementos previos del 414%, ubicándose unos 80 puntos porcentuales por encima de la inflación general.
En agosto de 2026, inmediatamente después de perfeccionarse la transferencia de las acciones, el nuevo directorio de Transener aprobó la distribución de 254.000 millones de pesos en efectivo entre los nuevos propietarios. Esta cifra les permitió recuperar de manera inmediata aproximadamente dos tercios de la inversión realizada para adquirir la compañía.
Críticas y denuncias desde el sector gremial
La operación contable despertó fuertes cuestionamientos de los representantes de los trabajadores de la energía. El secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), Carlos Minucci, calificó el proceso como una maniobra perjudicial para el patrimonio nacional en declaraciones ofrecidas a la señal Radio Gráfica y reproducidas por el portal especializado Línea Sindical.
«Las privatizaciones no son negocios, son estafas», afirmó el dirigente gremial, quien catalogó de delincuentes a los empresarios adjudicatarios y advirtió que los nuevos dueños carecen de experiencia previa en la actividad de transmisión eléctrica. Minucci remarcó que el objetivo de la adquisición es meramente financiero y que no existen compromisos reales de realizar las mejoras de infraestructura que el sistema de alta tensión demanda de manera urgente.
Asimismo, el titular de la APSEE alertó sobre la vulnerabilidad del sistema eléctrico integrado y recordó el histórico apagón nacional ocurrido durante el Día del Padre en 2019 como un antecedente directo de fallas operativas bajo esquemas similares.
El entramado político y empresarial detrás de Edison Energía
La conformación de los nuevos actores del sector energético expone vínculos políticos directos. La firma Edison Energía, constituida formalmente el 12 de febrero de 2025, ha consolidado un rápido crecimiento en el mercado local.
De acuerdo con el reporte de Mendizábal, los titulares de la firma mantienen lazos estrechos con el entorno del asesor oficial Santiago Caputo, actuaron como aportantes clave en la campaña electoral de La Libertad Avanza y sostienen un rol activo en el financiamiento de la Fundación Faro, el think tank oficialista presidido por Agustín Laje.
En pocos meses de actividad, este grupo económico ha tomado el control de un vasto conglomerado estratégico que incluye a Transener, Transba, Litza, la distribuidora rionegrina Edersa, la jujeña Ejesa, Edet en Tucumán, y las concesiones de las centrales hidroeléctricas Alicurá y Cerros Colorados en el Comahue, además de activos petroleros adquiridos a la petrolera estatal YPF en la provincia de Santa Cruz.
La aprobación del millonario reparto de dividendos contó además con la presencia institucional del Estado. En la mesa del directorio de la transportadora estuvo sentada la abogada Flavia Bebilacua, designada en representación de las acciones que posee la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y quien responde de forma directa a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Si bien la participación accionaria de la ANSES no cuenta con la mayoría necesaria para vetar la medida, desde sectores opositores se ha cuestionado la falta de impugnación o resistencia formal de la funcionaria ante la descapitalización de la empresa.
Impacto social en un contexto de tarifas en aumento
El desvío de los fondos de caja de Transener hacia el pago de dividendos en lugar de inversiones en infraestructura se produce en un escenario de extrema fragilidad de la red nacional, expuesta a cuellos de botella que amenazan con generar cortes masivos de suministro durante el período estival.
Este panorama coincide con una fuerte presión económica sobre los usuarios residenciales por la quita sistemática de subsidios estatales y el incremento mensual de los cuadros tarifarios de luz y gas, que en promedio suben entre un 1,4% y un 2,6% mensual por encima del valor de la factura final.
Según datos socioeconómicos analizados por Mendizábal, el costo de la canasta básica de servicios públicos representaba hacia agosto de 2026 el 14,5% del gasto promedio de los hogares en la Argentina.
Este impacto se registra en un contexto social donde el 52% de la población se encuentra en la franja de clase baja (con ingresos declarados inferiores a los 2,5 millones de pesos por hogar), de los cuales un 22% percibe menos de 1,5 millones de pesos mensuales, mientras que la clase media baja representa el 26% con ingresos máximos de 4,5 millones de pesos.
En total, cerca del 78% de la población argentina integra sectores de ingresos bajos o medios-bajos condicionados por la devaluación y la desindustrialización de la estructura laboral.
