En un movimiento que consolida la extranjerización de la principal arteria logística de Argentina, el Gobierno nacional completó el proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal (VNT) del río Paraná. A través de la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), se adjudicó la concesión por 25 años al consorcio integrado por la firma belga Jan de Nul y la argentina Servimagnus.
La decisión otorga a la empresa europea, que ya operaba la vía desde los años 90, el mantenimiento, dragado y balizamiento de un corredor por donde circula el 80% de las exportaciones argentinas y el 95% de sus importaciones. El contrato definitivo deberá firmarse en los próximos 30 días, marcando el fin de la gestión estatal transitoria que ejercía la Administración General de Puertos (AGP).
Un negocio multimillonario bajo sospecha
Las proyecciones oficiales estiman que la concesionaria facturará anualmente unos 628 millones de dólares, lo que representaría ingresos acumulados superiores a los 15.700 millones de dólares durante la vigencia del contrato. El Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, celebró la adjudicación asegurando que el nuevo esquema permitirá reducir un 13,5% los costos logísticos iniciales.
Sin embargo, el proceso no estuvo exento de opacidad. La adjudicación se definió tras un empate técnico en las ofertas económicas con el grupo belga DEME. El Gobierno finalmente se inclinó por Jan de Nul invocando su «experiencia previa». Críticos y legisladores han señalado que esta continuidad perpetúa un modelo que facilita la subfacturación y el contrabando, prácticas que drenan miles de millones de dólares anuales de la economía nacional.
Alerta ambiental: el riesgo de un «ecocidio» fluvial
Uno de los puntos más críticos de la nueva licitación es la propuesta de profundizar el calado del río hasta los 44 pies (actualmente es de 34 pies). Organizaciones como la Fundación Enlaces y el Foro por la Recuperación del Paraná advierten que excavar tres metros adicionales en el lecho del río alterará irremediablemente la dinámica hídrica.
El ingeniero Alejandro Falcó, en un artículo para la Fundación Enlaces, señala que este dragado masivo provocará la degradación de humedales y la pérdida de biodiversidad. Al ensanchar el canal, el agua bajará más rápido hacia el Río de la Plata, reduciendo la recarga natural de los acuíferos subterráneos de los que dependen poblaciones ribereñas y la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pese a estas advertencias, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció que el proceso avanzó sin los estudios de impacto ambiental integrales requeridos por ley.
Soberanía y legalidad en el banquillo
La oposición política y sectores sociales denuncian una «entrega» de la soberanía nacional. El diputado nacional Jorge Taiana (UP) anticipó que la privatización «será anulada por la justicia», argumentando que existen denuncias penales por direccionamiento de la licitación y el uso de documentación presuntamente apócrifa de la ONU (UNCTAD) para simular transparencia.
Por su parte, la legisladora Blanca Osuna criticó que el negocio avanzara a espaldas del Congreso y sin la participación de las provincias afectadas. La desregulación también pone en jaque a la marina mercante nacional y al transporte de cabotaje, hoy reducido a apenas el 1% de la carga interior, favoreciendo a buques de banderas extranjeras que no tributan en el país.
