En una entrevista concedida al periodista Pablo Ladaga en el canal de YouTube de Radio 10, el senador nacional por La Pampa, Daniel Bensusán, analizó la persistente intención del Poder Ejecutivo de avanzar con la derogación de la Ley de Tierras en el Senado. Según el legislador, la estrategia oficialista ha encontrado resistencias reiteradas en la cámara alta, manifestando su expectativa de que esta nueva tentativa culmine en un traspié legislativo: «ojalá que sea la cuarta derrota al hilo del gobierno nacional en el Senado respecto a querer sacar la ley de extranjerización de tierra».
Límites legales vs. desregulación total
La normativa vigente establece topes específicos que el actual gobierno busca eliminar para facilitar el ingreso de capitales transnacionales. Bensusán detalló que la ley actual impide que más del 15% del territorio nacional esté en manos extranjeras y protege áreas críticas como cuerpos de agua y zonas de seguridad de frontera. En su visión crítica del proyecto oficialista, el senador señaló que el objetivo es «abrirle la puerta que cualquier estado extranjero país extranjero sociedad extranjera venga a la Argentina a adquirir territorio argentino sin límite alguno».
El senador Daniel Bensusán cuestionó la intención del Gobierno nacional de modificar estos límites establecidos y sostuvo que el objetivo es «habilitar» la compra indiscriminada de campos por parte de capitales extranjeros. En ese sentido, afirmó que la medida favorecería a «sus dos socios geopolíticos, Israel y Estados Unidos», y consideró que sociedades vinculadas a los gobiernos de ambos países podrían adquirir tierras en la Argentina sin las restricciones vigentes. Esta desregulación no solo afectaría la titularidad del suelo, sino que eliminaría restricciones para la zona núcleo, donde actualmente un titular extranjero no puede poseer más de mil hectáreas; controles que el oficialismo pretende «borrar de un plomazo».
Intereses tecnológicos y recursos hídricos
El debate parlamentario también pone el foco en la relación entre la propiedad de la tierra y las nuevas necesidades de la industria tecnológica global. Bensusán vinculó la urgencia por derogar la ley con intereses de grandes corporaciones de inteligencia artificial que requieren recursos naturales para operar. Al respecto, el senador denunció que se busca identificar lugares para «instalar sus granjas de servidores de inteligencia artificial que lo que necesita es grandes extensiones de territorio donde haya energía y donde haya agua dulce».
Esta lectura inscribe la disputa por la tierra en un marco de seguridad ambiental, especialmente en regiones como la Patagonia, donde el acceso al agua dulce es un factor determinante. El legislador cuestionó la falta de contraprestaciones productivas para el país, subrayando que, si bien no se oponen a la inversión, la propuesta actual carece de planes para generar fuentes de trabajo o dinamizar las economías regionales.
Implicancias geopolíticas y soberanía
Finalmente, la discusión legislativa se entrelaza con otros cambios normativos, como la Ley de Glaciares y la posible creación de sociedades gestionadas por inteligencia artificial, lo que dificultaría las acciones legales contra titulares extranjeros. Bensusán calificó el avance del gobierno como un riesgo directo para la integridad territorial, sosteniendo que la medida representa «ni más ni menos que tomar la entregar la soberanía».
La preocupación por la seguridad interior también forma parte del análisis crítico, citando casos como el de Tierra del Fuego, donde se ha cuestionado la instalación de bases militares sin el control correspondiente del Congreso. En este contexto, el senador concluyó que la derogación de la ley «perjudica la soberanía argentina y perjudica a todos los argentinos», instando a una mayor participación social frente a lo que considera un proceso de entrega de recursos estratégicos.
