En una entrevista concedida al canal de YouTube de Radio10, conducida por Pablo Duggan y Rosario Jerdi, el abogado español Javier Borrego detalló los fundamentos de la defensa que encabeza ante organismos internacionales en favor de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La estrategia se centra en denunciar que, en el marco de la causa «Vialidad», «ha habido violaciones graves a los derechos reconocidos» en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento que posee jerarquía constitucional en Argentina.
El Comité de Derechos Humanos como árbitro internacional
Borrego sostiene que el proceso judicial argentino ha incurrido en «derivas peligrosas» que justifican la intervención de los 18 miembros del Comité de Derechos Humanos de la ONU,. Según el letrado, la democracia requiere de estos órganos externos, ya que los estados ratifican tratados bajo la premisa de que «las democracias necesitan instrumentos y órganos internacionales» para corregir fallos que vulneren derechos fundamentales.
La defensa apuesta a que el Comité, que se reúne en octubre, considere la urgencia de los tiempos electorales argentinos. El objetivo primordial es obtener una medida provisional que frene la proscripción fáctica de la exmandataria, argumentando que «hemos pedido la suspensión de la pena accesoria de inhabilitación especial» debido a la relevancia institucional de su participación política.
Críticas al fallo y precedentes internacionales
Desde una perspectiva técnica, Borrego cuestionó la solidez de las sentencias locales, describiéndolas como un cúmulo de inconsistencias donde se omiten responsabilidades jerárquicas clave. El abogado afirmó haber detectado en los fundamentos de la Cámara de Casación «un abanico de contradicciones increíble», sugiriendo que la finalidad del proceso no era la privación de la libertad, sino la exclusión de la arena pública,.
Para reforzar su postura, el defensor comparó la situación con casos de líderes internacionales como Lula da Silva o Marine Le Pen. Borrego enfatizó que el Comité de la ONU tiene una doctrina restrictiva frente a las penas de inhabilitación, señalando que «una pena perpetua de inhabilitación no la admite» el organismo internacional, lo que abriría la puerta a una candidatura de Kirchner incluso con condenas pendientes en instancias nacionales.
Implicancias políticas de una eventual cautelar
De concretarse la medida cautelar en octubre, el Estado argentino se enfrentaría a la obligación jurídica de acatarla, lo que transformaría el escenario político de cara a 2027. Borrego fue tajante al señalar que el compromiso con los tratados internacionales es del Estado en su conjunto y que «quien se compromete con esa firma a respetar y cumplir lo que diga el organismo es el Estado», incluyendo al Poder Judicial.
Bajo esta óptica, la defensa de Kirchner busca trasladar el conflicto fuera de las fronteras nacionales para forzar una resolución que priorice el derecho político a ser elegido. Según Borrego, la condena en la causa Vialidad tuvo una motivación clara: «lo que se estaba buscando era la inhabilitación», un diagnóstico que ahora espera sea ratificado por Naciones Unidas para restablecer la plena capacidad electoral de la expresidenta.
