La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la diputada Julia Strada (Unión por la Patria), se convirtió en el escenario de una severa advertencia sobre el futuro tecnológico de la Argentina. Una exhaustiva representación de científicos, técnicos, ingenieros y operadores expuso cómo la actual administración nacional está desmantelando de forma deliberada el plan nuclear, poniendo en jaque una inversión histórica de 76 años.
A través de denuncias concretas, los expositores revelaron una trama de asfixia presupuestaria, precarización laboral, privatizaciones de activos inmateriales y favoritismo político que amenaza con destruir la soberanía energética y científica del país.
La parálisis del CAREM y la privatización de intangibles
El proyecto CAREM, el primer reactor de potencia de diseño 100% nacional y una de las pocas «anomalías históricas» globales en reactores modulares pequeños (SMR) en construcción activa, se encuentra virtualmente paralizado. El físico Rodolfo Kempf denunció que la obra civil en Lima pasó de albergar 600 trabajadores a tan solo 20, y recientemente quedó reducida a apenas 5 operarios para realizar tareas de mantenimiento básico a la intemperie. Esto ocurre a pesar de que el Estado nacional ya invirtió 600 millones de dólares en el proyecto y solo restaban 400 millones para finalizar el primer prototipo.
Kempf señaló una maniobra de vaciamiento sistemático orientada a favorecer a Mainer Energy, una empresa de capitales norteamericanos radicada en el paraíso fiscal de Delaware. Detrás de esta firma operan exfuncionarios de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), como Viviana Isida y Pablo Florido. Además, denunció el «regalo» de la metalúrgica estatal IMPSA a la firma Arc Energy por 25 millones de dólares, una cifra muy inferior a los 90 millones que el propio Estado nacional destinó para forjar el recipiente de presión del CAREM dentro de esa planta.
Por su parte, el especialista Tomás Avallone alertó sobre la aprobación del procedimiento normativo «Gacolla» N° 02 en la CNEA. Esta normativa abre las puertas a iniciativas privadas sobre activos estratégicos, definiendo «activo» no solo como infraestructura física, sino incluyendo la documentación técnica, los antecedentes operativos y la capacidad institucional inmaterial. Según Avallone, el objetivo de fondo es privatizar el conocimiento acumulado y la experiencia operativa desarrollada durante décadas por el Estado argentino.
Atucha 1 en el limbo y el «caballo de Troya» de la desinversión
La prórroga de la vida útil de Atucha 1, central que cubre un porcentaje vital de la matriz eléctrica nacional, acumula retrasos que los técnicos califican de críticos. Kempf apuntó directamente contra Damián Reidel, principal asesor del presidente de la nación, a quien definió como el «caballo de Troya de la destrucción del área nuclear» por demorar convenios internacionales clave.
La parálisis de este proyecto no solo priva a la matriz de una fuente de energía de base limpia y barata, sino que amenaza con transformar una central operativa en un residuo radioactivo listo para el desmantelamiento. Según estimaciones de los organismos multilaterales citadas por Kempf, el costo de desmantelar una central nuclear asciende a unos 2.000 millones de dólares, un pasivo ambiental y financiero gigantesco para el Estado.
Frente a la desidia oficial, los profesionales recordaron la capacidad del sector para resolver desafíos complejos. La ingeniera nuclear Julieta Romero (quien emigró y hoy se desempeña en la Asociación Mundial de Operadores Nucleares en París) rememoró la histórica reparación de Atucha 2 en 2023. Ante el desprendimiento de un componente interno a 14 metros de profundidad, los diseñadores alemanes estimaban una parada de cuatro años para destripar el reactor. Ingenieros e investigadores argentinos diseñaron herramientas propias y completaron la compleja tarea en apenas diez meses, ahorrándole al país más de 1.000 millones de dólares en energía no suministrada. Romero advirtió que la pérdida de profesionales debido a salarios que no cubren la canasta básica interrumpe la cadena de transmisión de conocimiento y equivale a «un bosque incendiado» que tardará décadas en recuperarse.
El superávit de NASA frente a la tasación «a mitad de precio»
La intención oficial de privatizar Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) —la operadora de Atucha 1, Atucha 2 y Embalse— sumó denuncias sobre la opacidad del proceso. Los trabajadores nucleares Franco Gómez Coria y Daniel Durán recordaron que NASA no es una empresa deficitaria: genera superávit continuo, proyectando saldos positivos de 160 millones de dólares según el propio Ministerio de Economía.
Durán y la diputada nacional Florencia Cariñano alertaron sobre la alarmante discrecionalidad en la tasación de la empresa. El Tribunal de Tasaciones de la Nación se declaró incompetente para valuar NASA y la tarea fue delegada al Banco BICE, cuyos directores políticos, nombrados por Luis Caputo, estarían preparando un valor de tasación del 50% de su valor de mercado real, facilitando un remate «a precio de amigo». Las ofertas informales de venta rondan los 1.000 millones de dólares, una cifra ridícula considerando que ese es el volumen que la empresa genera en tan solo un año de operatividad técnica y comercial.
Además, Damián Strachenco, secretario general de Luz y Fuerza Zárate, puntualizó que NASA produce energía «al costo» (unos 53 dólares el MWh) para sostener el sistema eléctrico nacional. En caso de privatizarse, se prevé que el valor del mega se eleve a valores de entre 120 y 150 dólares, lo que impactará directamente en una brutal suba de tarifas para los usuarios residenciales e industriales.
La PIAP paralizada y el retroceso en los reactores de investigación
La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), ubicada en Neuquén y catalogada como la más grande del mundo en su tipo por la pureza del producto que genera (99,98%), permanece inactiva por decisión política. Alejandro Lucastegui, representante de los trabajadores de la planta, denunció que debido a la parálisis forzada de la PIAP —iniciada bajo la gestión de Julián Gadano durante el macrismo con una falsa denuncia de bomba— el país se ve obligado a importar agua pesada de menor calidad desde la India para mantener operativas las centrales nacionales, atando la matriz energética a la provisión extranjera.
Lucastegui denunció que la conducción de la CNEA, encabezada por Martín Porro, planea entregar la operación de la PIAP a una firma privada sin experiencia en el sector y reconvertir la planta en una mera prestadora de servicios petroleros para Vaca Muerta, sepultando la producción de agua pesada de grado reactor.
A la par, el reactor de investigación RA-10, casi finalizado, sufre el desfinanciamiento de sus plantas anexas. Tomás Avallone detalló que el gobierno canceló la construcción de la planta de producción de radioisótopos por fisión, indispensable para comercializar el molibdeno-99 que el reactor producirá. El descarte de esta obra, que requiere una inversión de 250 millones de dólares, impide al país facturar más de 100 millones de dólares anuales en el mercado de la medicina nuclear y la exportación científica.
Represión gremial, nepotismo y geopolítica de sumisión
La ofensiva sobre el ecosistema nuclear argentino cuenta con el aval de una conducción institucional caracterizada por los expositores como «la menos formada de la historia». Martín Iofrida detalló que el plan de «retiros voluntarios» en CNEA funciona como un «2×1 inverso»: se eliminan puestos clave de científicos o diseñadores mecánicos para contratar a directores de portales de noticias oficialistas como La Derecha Diario o a abogados allegados a la nueva intervención.
La periodista Karina Micheleto (Página/12) expuso la violencia discursiva estatal. Al publicar una investigación sobre el abandono del CAREM, la Dirección Nacional de Comunicación Digital emitió una respuesta oficial descalificando su labor periodística y catalogando al reactor nacional como un «elefante blanco». Micheleto también aportó datos sobre el nepotismo en las designaciones: nombraron al bachiller Felipe Randle como mano derecha del presidente de CNEA, Martín Porro, y al twittero libertario de 23 años Ezequiel Acuña como subgerente de Responsabilidad Social Empresaria en NASA.
La ex presidenta de la CNEA y actual diputada nacional, Adriana Serquis, resumió el conflicto señalando la existencia de un «imperialismo tecnológico» que busca deprimir las capacidades nacionales para subordinarlas a los intereses de potencias extranjeras, en particular de los Estados Unidos, quienes buscan impedir que el país consolide su autonomía en el ciclo completo de combustible nuclear. En este sentido, denunció la violencia institucional y la persecución a trabajadores que se oponen a este esquema extractivista de capacidades del Estado.
