La llegada a Buenos Aires del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, reactivó un frente de alta tensión política y económica. Dirigentes de la oposición solicitaron una audiencia formal con el directivo del organismo para denunciar que la administración nacional utiliza créditos de asignación específica como herramientas de intervención cambiaria directa.
La presentación pone la lupa sobre el destino del financiamiento del BID en Argentina, sugiriendo que recursos destinados a obras públicas sensibles y programas sociales se redirigen a alimentar la liquidez del Tesoro Nacional.
De las vías a la City: La reconversión del crédito ferroviario
El eje de la controversia se centra en un crédito de US$ 400 millones que la Argentina obtuvo del BID en 2018 para la modernización integral de la Línea San Martín del ferrocarril. Este financiamiento estaba destinado específicamente a la renovación de vías, instalación de señalamiento, control de trenes y mejoras en el sistema de comunicaciones. El Estado nacional debía aportar una contrapartida local de US$ 122 millones. Sin embargo, la investigación del periodista Juan Casas en La Política Online expuso que ni un solo dólar fue ejecutado en obras para esta línea que transporta a 28 millones de pasajeros anuales.
A pesar de que en 2023 se había adjudicado una licitación de material rodante, la gestión de Javier Milei interrumpió el proceso tras asumir el gobierno, suspendiendo las órdenes de compra ya emitidas. Poco después, se produjo un grave choque de formaciones en el barrio porteño de Palermo que dejó un saldo de 60 heridos.
En paralelo a la parálisis operativa, el ministro de Economía, Luis Caputo, negoció con las autoridades del BID el redireccionamiento de las partidas. El organismo internacional avaló formalmente que estos fondos ferroviarios se reconvirtieran para financiar el «Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal y el Crecimiento«. Esta reasignación se instrumentó mediante el Decreto 680/2024, firmado por el presidente Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro Caputo, aprobando un préstamo de hasta US$ 647,5 millones constituido en gran parte por el crédito ferroviario original.
Desde el BID justificaron técnicamente que el dinero «contribuirá a fortalecer las finanzas públicas y la balanza de pagos». No obstante, analistas del mercado y legisladores opositores coinciden en que este encuadre funciona como un eufemismo para legalizar el uso de préstamos internacionales en el control del tipo de cambio y la brecha cambiaria.
El diagnóstico de la AGN: Vías inseguras y controles deficientes
La decisión de postergar las obras ferroviarias coincide con un panorama operativo crítico. El auditor de la Auditoría General de la Nación (AGN), Luis Naidenoff, calificó la transferencia de partidas como «una enorme irresponsabilidad». Según explicó, los fondos previstos para la Emergencia Ferroviaria dictada por DNU —unos US$ 500 millones distribuidos en todo el sistema nacional— resultan insuficientes para compensar los US$ 522 millones de financiamiento que estaban reservados de manera exclusiva para la Línea San Martín.
El último informe de control de la AGN sobre el mantenimiento y estado del tren San Martín arrojó cifras alarmantes:
- Los accidentes ferroviarios se incrementaron en un 72% durante el año 2024.
- Las fallas técnicas experimentaron un alza del 400% en el mismo período.
La AGN determinó que existió un fallo generalizado en los eslabones de control estatal. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) realizó fiscalizaciones de carácter parcial, la Secretaría de Transporte omitió dar respuesta formal a las advertencias recibidas, y la operadora estatal SOFSE contestó apenas el 38% de las observaciones técnicas realizadas por los auditores.
Fondos para discapacidad y ciencia bajo sospecha
La queja que la oposición busca trasladar a Ilan Goldfajn excede el transporte público. Un informe de la periodista Luciana Glezer en La Política Online reveló que US$ 265 millones otorgados por el BID para proyectos de inclusión social dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no registran ejecución clara y se encuentran diluidos en la masa de cuentas generales del Tesoro. Estos recursos contaban con tres años de ejecución y cinco de gracia.
A su vez, investigadores de la comunidad científica denunciaron la parálisis de US$ 46 millones de un préstamo del BID asignado a la Agencia I+D+I. Según manifestaron los científicos a La Política Online, la Casa Rosada rechaza sistemáticamente responder a los pedidos de informes sobre el destino y la retención de estos recursos. Dirigentes opositores sostienen que el Gobierno utiliza discursos de austeridad mientras capta dólares de programas de desarrollo humano para gastarlos en intervenciones diarias en el mercado de cambios.
Ingeniería de «deuda por deudas» para contener el dólar
Esta estrategia de reasignación forma parte de un esquema de estabilización cambiaria de corto plazo. Tal como explicó la periodista Melina Manfredi en Todo Noticias (TN), el equipo económico priorizó la contención del tipo de cambio mayorista en la zona de los $1500 por sobre la acumulación directa de reservas líquidas. Durante el mes de julio, el Tesoro vendió US$ 140 millones a través del Banco Nación para fijar un techo a la divisa, interrumpiendo una racha de 135 jornadas compradoras consecutivas del Banco Central (BCRA).
Para sostener este esquema sin vaciar las reservas frente a compromisos de pago por US$ 4.000 millones en julio de 2026, el Palacio de Hacienda estructuró un entramado de garantías. La Argentina obtuvo un respaldo del Banco Mundial por US$ 2.000 millones y una garantía del BID por US$ 550 millones. Estos avales permitieron emitir nuevos bonos soberanos a tasas de interés del 5,5% al 6,5%, postergando el vencimiento de capital.
El periodista Gonzalo Zuttión, en Periodismo de Izquierda, advirtió que esta mecánica representa «una trampa de deuda por más deudas». Lejos de solucionar los desequilibrios de fondo, la operatoria posterga los pagos, incrementa el stock de deuda soberana y ata la política económica doméstica a exigencias y reformas de ajuste dictadas por directivos extranjeros en Washington.
