La controversia judicial y legislativa en torno a la derogación de la Ley de Tierras (Ley 26.737) derivó en una medida de fuerza nacional decretada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En declaraciones brindadas a la periodista María durante el espacio UBC transmitido por el medio Somos Radio AM 530, el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, anunció un cese de actividades en la administración pública nacional y una marcha al Palacio de Tribunales. En su planteo, el dirigente justificó la medida al aseverar que “desde ATE hemos definido un cese de tareas y un retiro de los lugares de trabajo a partir de las 12 del mediodía” para rechazar la decisión del máximo tribunal. Durante la entrevista, Aguiar cargó en duros términos contra los magistrados al sostener que “esta corte está comprada” y que sus integrantes actúan al margen de las necesidades populares.
La controversia por la extranjerización de bienes estratégicos
El conflicto central radica en la eliminación de los topes legales que limitaban la compra de campos y recursos rurales por parte de personas físicas o corporaciones internacionales. Desde la perspectiva del gremio estatal, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la validez del instrumento desregulador sienta un precedente riesgoso para la conservación del patrimonio público y los recursos hídricos. En ese marco, Aguiar denunció que la resolución judicial representa “un fallo a medida de los Lewis de los Benetton”. A su vez, el referente sindical proyectó las implicancias territoriales del fallo y advirtió que “hoy las que se vendan sean las tierras pero después va a venir el agua”.
Fricción entre poderes y cuestionamiento a la representatividad judicial
La judicialización del DNU pone de manifiesto la creciente tensión institucional entre las decisiones del Poder Ejecutivo, los pronunciamientos del Poder Judicial y las atribuciones del Congreso de la Nación. Desde una lectura analítica del escenario, la intervención de la Corte frena las impugnaciones parlamentarias y convalida las reformas estructurales por vía ejecutiva. Sobre este punto, Aguiar remarcó que los jueces “han destruido la división de poderes pasaron por encima del Congreso”. Asimismo, el dirigente elevó el tono de su acusación al definir el pronunciamiento como “el fallo más entreguista de los últimos 150 años”.
El modelo económico y su impacto en el empleo público
La medida de protesta no se agota en el reclamo territorial, sino que se inserta en un esquema amplio de resistencia sindical frente al ajuste sobre el aparato estatal y los organismos públicos. El análisis gremial vincula la apertura de tierras a capitales foráneos con el rumbo general de la política macroeconómica y la reducción del gasto público. Al respecto, el titular de ATE cuestionó la orientación fiscal del Gobierno señalando que “están moldeando un estado distinto” dedicado en forma prioritaria al beneficio corporativo. En esa misma línea crítica, Aguiar comparó el plan de gobierno vigente con hitos históricos al declarar que se aplica “el mismo programa económico de la última dictadura militar”.
Dinámica de las calles y perspectiva del conflicto social
Frente a la encrucijada institucional, la conducción sindical busca desplazar el eje de la discusión desde los estrados judiciales hacia la movilización callejera. El llamado a plenario y la articulación con otros sectores sociales pretenden consolidar un plan de lucha de alcance federal. Aguiar enfatizó que la resolución del escenario no debe quedar sujeta exclusivamente a los tiempos institucionales y afirmó que “no podemos esperar el calendario electoral”. Finalmente, al interpelar el rol de la dirigencia política y social en el contexto actual, concluyó que “el problema son los dirigentes, hay que despertar”.
