Este 1 de septiembre de 2026 se cumple el cuarto aniversario del fallido magnicidio contra la entonces vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. El episodio, que reconfiguró el escenario político del país, motiva hoy una doble actividad política orientada a reinstalar el caso en el centro de la agenda pública, con la difusión de un fuerte documento de consenso y una masiva concentración en el barrio porteño de Constitución.
Mientras la militancia peronista y diversas organizaciones sociales se concentran frente al departamento de la calle San José 1111, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria, el debate en torno a las asimetrías de la investigación penal y los discursos de odio vuelve a situarse en el centro del análisis periodístico a través de las revelaciones de medios locales e internacionales.
El ataque de Recoleta, las condenas y la revisión de Casación
El hecho original ocurrió la noche del jueves 1 de septiembre de 2022 frente al domicilio de la exvicepresidenta en el barrio de Recoleta. En esa oportunidad, Fernando André Sabag Montiel gatilló una pistola Bersa calibre 7.65 mm cargada con munición real a centímetros del rostro de Cristina Fernández de Kirchner, sin que el disparo se efectuara debido a un fallo en la preparación manual del arma.
El proceso judicial avanzó sobre la autoría material y determinó en octubre de 2025 la condena de Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor material del hecho. Asimismo, la justicia dictó condena para su expareja Brenda Uliarte como partícipe necesaria del ataque, mientras que Nicolás Gabriel Carrizo, señalado inicialmente como uno de los organizadores del grupo, resultó absuelto en el juicio oral que había comenzado en julio de 2024.
Actualmente, las condenas se encuentran bajo una profunda revisión judicial. Según lo reportado por el diario Página/12, las fiscales Gabriela Baigún y Mariela Labozzetta apelaron el fallo del tribunal ante la Cámara Federal de Casación Penal. El Ministerio Público Fiscal solicita penas más severas para los acusados y exige la incorporación de los agravantes de alevosía y violencia de género bajo la modalidad específica de violencia política.
Las asimetrías de la justicia y las denuncias de impunidad
A diferencia de la celeridad aplicada para juzgar a los autores materiales, la investigación sobre las terminales de financiamiento y la autoría intelectual del atentado genera duras críticas por su parálisis. En un artículo de análisis publicado por el periodista Roberto Álvarez Mur en el Diario Contexto, se señala que el pacto político-judicial que mantiene a la exvicepresidenta en prisión domiciliaria es parte de una continuidad revanchista que tuvo su pico de violencia física en septiembre de 2022.
Álvarez Mur expone una marcada asimetría internacional respecto al tratamiento de las pruebas digitales: en la última semana, la Justicia boliviana obtuvo de forma inmediata el peritaje completo del celular de Javier Cerimedo, exasesor de Javier Milei, acusado de intentar asesinar a la activista Nadie Beller en un hecho de hace dos semanas. En claro contraste, desde hace cuatro años permanece pendiente el acceso al teléfono de Fernando Sabag Montiel, debido a que la información «se borró» misteriosamente en manos del Poder Judicial argentino tras su arresto.
Bajo esa misma línea de inacción se sitúa la investigación sobre el financiamiento de la familia Caputo a agrupaciones de ultraderecha radicalizada como Revolución Federal, acusadas de instigar sistemáticamente a la violencia contra el peronismo. La diputada nacional Lucía Cámpora, en declaraciones recogidas por el Diario Contexto, criticó fuertemente el reciente sobreseimiento del legislador macrista Gerardo Milman, quien días antes del atentado fue escuchado en el bar Casablanca afirmando que cuando Cristina «estuviera muerta» él estaría en la Costa. Cámpora cuestionó:
«¿Milman sobreseído por el mismo Poder Judicial que proscribió y secuestró a Cristina, que le impone peores condiciones de detención que a genocidas y torturadores, que perdió el contenido del celular de Sabag Montiel y que nunca los investigó en serio ni a Caputo ni a Patricia Bullrich por el atentado?»
Esta parálisis en las pistas políticas contrasta con el clima previo al ataque. Durante las audiencias del juicio oral, la defensora oficial de Sabag Montiel, Fernanda López Puleio, reconoció que existía un «clima de odio creciente» en la sociedad, y vinculó el atentado con el impacto público de los alegatos del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad, caracterizando su intervención como «rimbombante, histriónica y enardecida». Para los analistas del Diario Contexto, esto evidencia una dinámica donde la violencia institucional y discursiva de «guante blanco» se reproduce en las calles a través de mano de obra radicalizada.
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— La Cámpora (@la_campora) September 1, 2026
El manifiesto del PJ: «La democracia no admite la eliminación del adversario»
Como parte de la jornada de reclamo, dirigentes de múltiples fuerzas políticas suscribieron un documento conjunto titulado «La democracia no admite la eliminación del adversario». El texto busca reflexionar profundamente sobre las condiciones culturales, comunicacionales y políticas que pavimentaron el camino para que se gatillara un arma contra la exmandataria.
El manifiesto pone el foco en cómo se consolidaron los discursos de odio, las operaciones de desinformación, las fake news y las campañas de estigmatización mediática. El documento subraya de forma categórica que la «antipolítica» no constituye una simple reacción social espontánea, sino que ha sido construida deliberadamente como un sentido común por sectores del poder económico concentrado, siendo amplificada sistemáticamente por redes sociales, medios de comunicación tradicionales y plataformas digitales.
Finalmente, el documento realiza un llamamiento al diálogo institucional para que la confrontación democrática vuelva a ser un «ejercicio noble» y exige un firme e histórico «Nunca más» a la violencia política y a la eliminación del adversario en el país.
Concentración en Constitución y el impacto electoral de las condenas
La movilización popular de este martes tendrá lugar a partir de las 17:00 horas en la intersección de la calle San José 1111, en Constitución. El punto de concentración posee un indudable peso político: allí se ubica el departamento donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario desde junio de 2025, tras la confirmación de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por la causa Vialidad.
Como remarca la investigación de Diario Contexto, existe una clara coincidencia temporal: la detención de la expresidenta en junio de 2025 y la condena a Sabag Montiel en octubre de ese año se produjeron en pleno año electoral, justo cuando la gestión de Javier Milei plebiscitaba su primera etapa y se definían las candidaturas peronistas. El accionar del Poder Judicial, en tiempo récord, bloqueó la posibilidad de una postulación electoral de la dirigente.
La convocatoria de esta tarde —que reunirá a agrupaciones políticas, sindicatos, jubilados, estudiantes y vecinos— tendrá como único orador principal en el acto central de las 18:00 horas al diputado nacional Máximo Kirchner, quien centrará su discurso en exigir que la justicia avance contra los financistas y autores intelectuales que permanecen impunes.
