Crónica de una regularización bajo sospecha: el caso Angeletti-Adorni
A días de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deba presentar su declaración jurada patrimonial, una investigación del periodista Hugo Alconada Mon publicada en La Nación reveló que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, solicitó acogerse al régimen de “inocencia fiscal”. La inscripción ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), realizada el pasado 31 de mayo, permite a la cónyuge del funcionario exteriorizar activos y bienes no declarados previamente sin enfrentar sanciones penales ni impositivas.
La normativa, establecida por la Ley 27.799, otorga lo que sectores críticos definen como un «sinceramiento» para quienes han operado fuera del sistema legal. En este contexto, el diputado nacional Pablo Juliano calificó la medida en Parlamentario como una “ley-traje a medida que el propio gobierno de LLA hizo para sus amigos, parientes y socios”. Para el legislador, la futura declaración jurada del jefe de Gabinete representará el “ejercicio más bizarro de contabilidad creativa de la historia argentina”.
Inconsistencias temporales y el rol de las Personas Políticamente Expuestas (PEP)
La situación impositiva de Angeletti presenta baches que la justicia comenzó a observar. Aunque figura como trabajadora autónoma desde 2017, recién en octubre de 2025 formalizó su inscripción en el IVA y en el impuesto a las ganancias. Este desfase ocurre mientras su esposo ya ocupaba un cargo de alta jerarquía, lo que coloca a ambos bajo la categoría de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Desde una perspectiva crítica, esta regularización tardía genera una evidente contradicción con el relato de transparencia y austeridad que Adorni sostiene como vocero gubernamental. El diputado Maximiliano Ferraro reforzó esta postura en declaraciones recogidas por El Intransigente, afirmando que “el Gobierno está desmantelando todo mecanismo de control y transparencia porque hay demasiado que ocultar”. Según Ferraro, la situación es un síntoma de un sistema donde “ya ni siquiera se disimula la impunidad”.
El «punto ciego» del Estado y las causas judiciales en curso
El régimen de «inocencia fiscal» no solo normaliza la situación tributaria, sino que, según advirtió el diputado Martín Lousteau en entrevista con El Intransigente, busca volver «ciego» al Estado. Lousteau explicó que el sistema otorga un “efecto liberatorio” que impide investigar hacia atrás el origen de los fondos, señalando que “bajo el rótulo de inocencia fiscal no tenés por qué explicarle a nadie cómo hiciste tu plata”. El legislador sugirió que este mecanismo está diseñado específicamente para proteger a funcionarios que no pueden justificar su crecimiento patrimonial.
Más allá del debate político, el patrimonio de la familia Adorni se encuentra bajo análisis en los tribunales de Comodoro Py, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La Justicia examina operaciones como la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por US$230.000, financiado mediante una hipoteca sin intereses, y la adquisición de una propiedad en un country de Exaltación de la Cruz por US$120.000. Ambas transacciones habrían incluido pagos en efectivo.
En este contexto, la adhesión de Angeletti a este régimen impositivo se convierte en un elemento que los investigadores deberán incorporar al expediente para determinar el origen y la licitud del patrimonio familiar.
