El primer gran escándalo con ramificaciones financieras y gubernamentales de la gestión libertaria alcanzó un cierre express en los tribunales federales de Retiro. En una resolución firmada por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, Marcelo Martínez de Giorgi, la Justicia dispuso el sobreseimiento definitivo del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de otros nueve imputados en el expediente que investigaba la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA.
La medida, que siguió de forma lineal el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, desestimó la configuración de los delitos de estafa, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles y tráfico de influencias. El argumento central del Ministerio Público Fiscal se asentó en considerar que el mercado cripto es de naturaleza netamente especulativa y que la promoción realizada por el jefe de Estado desde su cuenta personal en la red social X no constituyó un acto institucional ni involucró recursos del Estado.
La reacción presidencial y la retórica del ataque
Tras oficializarse la resolución, el Presidente utilizó sus canales digitales para celebrar el fallo y arremeter contra la oposición y el periodismo de investigación. En sus declaraciones públicas, el mandatario se victimizó y sostuvo: “¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor?”.
En esa misma línea de confrontación con el arco político y los medios independientes, el jefe de Estado aseguró que “la justicia puso las cosas en su lugar y quedó al descubierto la tremenda operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines políticos golpistas”. Sin embargo, la premura del fallo omite dar respuesta a los damnificados por el colapso del activo digital lanzado en febrero de 2025.
Un patrón de irregularidades y pruebas desestimadas
De acuerdo con las revelaciones detalladas por la periodista Irina Hauser en Página|12, la investigación judicial dejó inconclusas líneas clave sobre el entramado financiero y el flujo de capitales. La pericia realizada por la DATIP sobre el teléfono del trader Mauricio Novelli expuso borradores de acuerdos entre la firma Kelsier Group —del estadounidense Hayden Mark Davis— y los intermediarios locales, en los que se proyectaban pagos millonarios por el anuncio presidencial y la vinculación directa con el Gobierno nacional.
A esto se suman transferencias bancarias por millones de dólares hacia cuentas de intermediarios y la apertura de cajas de seguridad en el Banco Galicia por parte de allegados a Novelli, las cuales fueron vaciadas antes de los tardíos allanamientos ordenados por la fiscalía. No obstante, el juzgado relativizó el valor probatorio de estas evidencias alegando supuestas interrupciones en la cadena de custodia tras su filtración periodística.
Desplazamiento de querellantes y conveniencias institucionales
El entramado procesal también estuvo marcado por el apartamiento de los sectores querellantes que representaban a los inversores perjudicados, entre los que figuraban el especialista Martín Romeo y un colectivo patrocinado por Juan Grabois. Esta exclusión fue ratificada por la Sala I de la Cámara Federal con los votos de los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, impidiendo que las víctimas impulsaran la recolección de pruebas o apelaran las demoras del fiscal Taiano.
Como señala la cobertura de Tiempo Argentino, el archivo del expediente se consumó mientras la Cámara Federal de Casación Penal aún debe resolver si reincorpora a los querellantes a la causa. El fallo de Martínez de Giorgi coincidió en el tiempo con la aprobación en el Senado del pliego de su esposa para acceder a un cargo judicial, un movimiento institucional que reaviva las sospechas sobre las dinámicas de conveniencia cruzada entre el Poder Ejecutivo y el fuero federal porteño.
