La trama que vincula al Poder Ejecutivo con la Justicia Federal sumó un capítulo determinante que enciende alarmas sobre la independencia institucional en el país. Según reveló una investigación publicada por el portal periodístico Diagonales, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de la causa por la criptoestafa de la moneda virtual $LIBRA.
La medida judicial, firmada a instancias de la Fiscalía, benefició no solo a la conducción de la Casa Rosada sino también al conjunto de empresarios, desarrolladores y asesores vinculados al proyecto cripto. En su resolución, el magistrado fundamentó el reenvío al archivo sosteniendo una supuesta “inexistencia de delito” y argumentando formalmente que las conductas investigadas “no se encuadran en una figura delictiva”.
Un nombramiento clave en un juzgado inhabilitado
Detrás del fallo absoluto, la cronología oficial expone severas incongruencias e interrogantes éticos. En julio pasado, el propio Presidente firmó un decreto para designar a Ana María Cristina Juan al frente del Juzgado Federal de Hurlingham. La funcionaria beneficiada es, precisamente, la esposa del juez Martínez de Giorgi.
Hasta el momento de su promoción, Juan se desempeñaba como secretaria de la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py. El dato que agrava el marco institucional es que el Poder Ejecutivo formalizó su nombramiento en el Juzgado Federal de Hurlingham cuando dicha dependencia ni siquiera se encontraba habilitada para funcionar.
Sincronía temporal y desplazamiento de las víctimas
Las anomalías en la tramitación del expediente $LIBRA no comenzaron con la firma del sobreseimiento definitivo. Apenas dos semanas antes del decreto presidencial de julio, el juez Martínez de Giorgi había resuelto apartar a las víctimas damnificadas de la condición de querellantes.
Esta secuencia de decisiones concatenadas genera fuertes sospechas en el ámbito político y jurídico respecto a un eventual esquema de retribución o intercambio de favores entre la Presidencia de la Nación y el juzgado a cargo de uno de los expedientes más comprometedores para la familia presidencial. Desde una perspectiva de control ciudadano y transparencia federal, las coincidencias temporales minan la confianza pública en el Fuero Federal y exponen la discrecionalidad en la cobertura de vacantes judiciales clave.
