En una extensa jornada legislativa, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), en conjunto con sus aliados del Pro, la UCR y bloques provinciales, obtuvo la media sanción para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según consignó el portal de noticias parlamentarias Parlamentario, la iniciativa cosechó 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. El cambio normativo, defendido en comisiones por el presidente de la entidad monetaria, Santiago Bausili, busca redefinir de manera estricta el rol y los alcances del organismo regulador.
El proyecto, presentado originalmente por cadena nacional por el presidente Javier Milei, plantea como «misión central del BCRA la preservación del valor de la moneda nacional». De esta manera, el oficialismo busca eliminar de plano la multiplicidad de objetivos que regía desde la reforma del año 2012 bajo la gestión de Mercedes Marcó del Pont. Al respecto, el diputado oficialista Santiago Pauli justificó la medida al sostener en el recinto que «el origen de la inflación ha sido la emisión descontrolada» de dinero para financiar de manera directa al Tesoro Nacional.
El blindaje del directorio y las sospechas de impunidad política
La reforma del organismo monetario no está exenta de lecturas críticas sobre sus verdaderas intenciones de gobernabilidad a mediano plazo. De acuerdo con lo publicado por el diario Página|12, la norma endurece significativamente las condiciones para remover al presidente del BCRA, requiriendo ahora una aprobación de dos tercios de ambas cámaras del Congreso para decretar su salida. En el debate parlamentario recopilado, el diputado opositor Agustín Rossi denunció que «Milei se quiere quedar con el Banco Central aunque pierda las elecciones» del próximo año. Rossi advirtió la fragilidad de este diseño institucional al cuestionar la pretendida independencia de autoridades que actúan como «socios en la actividad privada» con el actual ministro de Economía, Luis Caputo.
Además de la reforma bancaria, la discusión parlamentaria de la denominada ley de «Inocencia Fiscal II» encendió las alarmas éticas en la Cámara baja por sus implicancias distributivas. En su discurso transmitido por el canal de la Cámara de Diputados de la Nación, Agustín Rossi remarcó de forma tajante las asimetrías de este nuevo blanqueo de capitales. El legislador criticó que la medida beneficia principalmente al «gran contribuyente» y advirtió que sobre este sector de altos ingresos «la evasión es una práctica cotidiana» amparada por complejos equipos contables y estudios jurídicos.
Asimismo, las sospechas de nepotismo y favores corporativos dominaron la escena del recinto legislativo. «Inocencia Fiscal 2 lo que viene a hacer es ampliar el universo de contribuyentes» respecto de su antecesora, señaló Rossi ante el canal de la HCDN, apuntando que el proyecto excluye formalmente a funcionarios pero mantiene una peligrosa brecha para sus allegados directos. En ese sentido, el legislador denunció de manera explícita que la norma habilita maniobras de elusión familiar, asegurando que «sí se podría acoger a Inocencia Fiscal 2 la mujer de Adorni».
Privilegios impositivos frente a una realidad social precarizada
La asimetría del perdón fiscal frente al aumento de la presión tributaria sobre las clases populares e informales también fue blanco de críticas profundas. El diputado de Unión por la Patria, Juan Grabois, fustigó duramente la lógica de la norma durante su alocución en el recinto, señalando que la iniciativa del Gobierno «convierte por ley en inocentes a los evasores pero convierte en culpable… a los endeudados». Grabois cuestionó que se perdone a los grandes capitales mientras «el laburante que paga el impuesto a la pobreza… parece no tener inocencia fiscal» ni herramientas de alivio frente al ajuste económico.
Para el legislador y referente social, existe un ensañamiento del poder político y judicial que contrasta abiertamente con el perdón impositivo corporativo. En su encendido discurso ante el cuerpo legislativo, Grabois argumentó críticamente que «un vendedor de paltas lo cagan a palos en la calle todos los días» mientras que los grandes empresarios evasores gozan de «la mano cariñosa del estado paternalista». El diputado concluyó que la administración actual demuestra una alarmante falta de sensibilidad social hacia los sectores vulnerables, disparando que los gobernantes «se burlan de los humildes» y de las necesidades básicas de la población.
El freno a las comisiones y las contradicciones del fomento cultural
Las tensiones internas de la Cámara baja también se manifestaron en la parálisis deliberativa de áreas sensibles como la educación pública y la cultura. La diputada Blanca Osuna planteó una cuestión de privilegio contra las autoridades legislativas, advirtiendo sobre el severo retroceso que implica la inacción oficial. En su testimonio en el recinto, Osuna denunció críticamente que «en la historia argentina nunca un presidente había vetado una ley de educación». Además, la legisladora apuntó directamente contra la presidencia de la Cámara afirmando que «la Comisión de Educación señor presidente de esta cámara no funciona» a pesar de los reiterados reclamos de múltiples bloques opositores.
Finalmente, el debate sobre el fomento cultural de la Ciudad de Buenos Aires sirvió para desnudar las aparentes contradicciones ideológicas de los bloques aliados al Gobierno nacional. Al tratarse el proyecto que declara a Buenos Aires como capital nacional del teatro, la diputada Lorena Pokoik acompañó la iniciativa pero no ahorró cuestionamientos respecto del ahogo financiero que sufre el sector. Pokoik denunció la «hipocresía» de los autores del bloque Pro, señalando que «votaron sistemáticamente su destrucción» al apoyar medidas que desfinancian y restan autarquía al Instituto Nacional del Teatro. «La actividad teatral de la ciudad de buenos aires necesita que todos los que en este cuerpo votemos esta declaración apoyemos las leyes» que garantizan su financiamiento genuino, concluyó la diputada ante el recinto.
