El 17 de septiembre de 2026, la Oficina del Presidente Javier Milei hizo público el Comunicado Oficial Número 164, mediante el cual anunció el envío al Congreso de la Nación del Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Según la presentación gubernamental difundida en el sitio oficial Argentina.gob.ar, el texto busca sentar un hito en la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La iniciativa oficial propone derogar la Ley N° 26.659, sancionada en 2011, argumentando su ineficacia. En su reemplazo, impulsa un endurecimiento del régimen de sanciones penales y administrativas contra personas físicas, empresas, accionistas y proveedores que realicen actividades económicas o de explotación de recursos naturales sin autorización argentina en el territorio insular y marítimo. Asimismo, el texto proyecta la creación del Sistema de Seguridad Nacional y de un Consejo de Seguridad Nacional para articular funciones diplomáticas, económicas, de defensa, inteligencia y protección de infraestructuras críticas.
El «caballo de Troya»: qué oculta la letra chica del proyecto
Pese al énfasis oficial en los derechos soberanos sobre el Atlántico Sur, referentes de la oposición y especialistas en defensa advierten sobre el verdadero alcance de la norma. En diálogo con el periodista Roberto Caballero durante el programa Caballero de Día (emitido por la emisora Somos Radio AM 530), el diputado nacional de Unión por la Patria y exministro de Defensa, Agustín Rossi, calificó el proyecto como un «caballo de Troya» redactado bajo la modalidad de ley ómnibus.
Rossi explicó que, tras un primer título destinado a la ratificación de penas por la explotación pesquera e hidrocarburífera en zonas usurpadas por Gran Bretaña, el proyecto despliega un conjunto de artículos orientados a profundizar la lógica punitiva sobre la sociedad civil. El eje de la preocupación radica en la creación de un Consejo de Seguridad Nacional de carácter permanente, diseñado a imagen del modelo de los Estados Unidos.
El exministro remarcó que la legislación argentina ya cuenta con el Consejo de Defensa Nacional (CODENA) dentro de la Ley de Defensa Nacional, un órgano consultivo integrado por ministros, gobernadores y legisladores que el Presidente puede convocar ante situaciones de gravedad. A diferencia del CODENA, el nuevo Consejo concentraría facultades administrativas extraordinarias, permitiendo investigar y sancionar de forma directa a personas o entidades acusadas de atentar contra la seguridad nacional, sin intervención previa del Poder Judicial. Los afectados solo podrían apelar una vez confirmada la sanción ante la Cámara Nacional de Apelaciones.
Afectación de libertades civiles y persecución del disenso
El margen de discrecionalidad que otorga la propuesta abre interrogantes sobre el ejercicio de los derechos constitucionales. Rossi alertó que el Consejo podría catalogar como «atentado a la seguridad nacional» la difusión de informes periodísticos considerados por el Gobierno como «campañas de desinformación». Del mismo modo, organizaciones de derechos humanos o investigadores académicos que reciban financiamiento internacional podrían ser imputados bajo figuras indeterminadas de amenaza estatal.
La iniciativa contempla además la creación por ley de un registro de personas físicas y jurídicas calificadas como terroristas basándose en la sola «sospecha fundada». En paralelo, introduce reformas a la Ley de Partidos Políticos para prohibir que ciudadanos extranjeros asesoren o dirijan campañas electorales en el país. Rossi señaló que este último apartado constituye una disposición con dedicatoria personal hacia el consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, lo que evidencia el uso de un proyecto sobre soberanía para saldar disputas de política doméstica e intereses electorales inmediatos.
De la agresión externa a las «amenazas»: el quiebre del consenso de defensa
El aspecto más estructural del proyecto reside en la modificación de los pilares de la Defensa Nacional. La propuesta oficial sustituye el presupuesto fáctico de «agresión militar externa» por la noción abstracta de «amenazas», autorizando el empleo de las Fuerzas Armadas ante escenarios tanto convencionales como no convencionales.
Rossi advirtió que el término «amenaza» es subjetivo y posibilita el involucramiento de los militares en asuntos de seguridad interior, combate al narcoterrorismo y control de la protesta social, vulnerando los límites establecidos por las leyes de Defensa Nacional e Inteligencia. Por su parte, Caballero enfatizó que este giro normativo amenaza con desarticular los consensos democráticos alcanzados desde 1983, insinuando una reedición de la Doctrina de la Seguridad Nacional que restringe libertades civiles y pone en riesgo los derechos humanos.
Contexto político y alineamiento internacional
El debate sobre la norma se produce en un marco socioeconómico complejo. Durante la entrevista en AM 530, se contrapuso el discurso patriótico del Ejecutivo con el deterioro de las condiciones de vida, ejemplificado en el aumento de la desocupación en grandes centros urbanos como Rosario, donde la tasa alcanzó el 11,9%.
Rossi vinculó la iniciativa oficial con una estrategia de reposicionamiento político del Gobierno frente al desgaste social, coordinada con un alineamiento automático con la agenda del Pentágono y los posicionamientos internacionales de Donald Trump en sus disputas diplomáticas con Gran Bretaña. Lejos de consolidar una política de Estado sobre el Atlántico Sur, la discusión parlamentaria de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional pondrá a prueba los límites del sistema democrático frente a la expansión de las facultades punitivas del Poder Ejecutivo.
