La quinta edición de la Marcha Federal Universitaria congregó a miles de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, sindicatos y organizaciones sociales en el centro porteño y en réplicas simultáneas en las principales capitales del interior del país. El eje central de la convocatoria radicó en exigir la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial urgente para el sector docente y nodocente.
La movilización pacífica se desarrolló en el marco del rechazo al sostenido recorte presupuestario aplicado sobre las casas de altos estudios. Asimismo, la conducción universitaria fustigó la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de elevar una novena apelación consecutiva contra las decisiones judiciales que instruyen la inmediata transferencia de partidas presupuestarias.
Pocos minutos antes de culminar la oratoria central sobre la Plaza del Congreso, efectivos de las fuerzas de seguridad desplegaron camiones hidrantes y dispersaron gases lacrimógenos. El operativo respondió a incidentes desatados por un reducido grupo de personas encapuchadas que derribaron vallas del perímetro parlamentario.
Detenciones, denuncias de infiltrados y cruzados en el arco político
El saldo del operativo arrojó al menos 34 personas aprehendidas y una mujer lesionada tras recibir el impacto directo de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza mientras manifestaba por la educación de sus hijos. Diversas organizaciones sociales y testigos presenciales señalaron la presencia de presuntos agentes infiltrados abocados a generar disturbios para justificar el avance policial.
Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, la titular Alejandra Monteoliva sostuvo en redes sociales que los incidentes fueron protagonizados por sectores violentos que buscaban alterar el orden público. Frente a esto, el diputado nacional Esteban Paulon replicó la postura oficial y exigió la comparecencia de la funcionaria ante la Cámara baja para dar explicaciones sobre la proporcionalidad del operativo.
A las críticas se sumó el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien calificó los choques como una provocación institucional. Legisladores de dicho bloque señalaron severas dificultades para salir del Palacio Legislativo hacia la plaza debido a la densidad de los gases químicos esparcidos.
El tablero federal y la falta de quórum por el DNU 70/23
En forma paralela a los acontecimientos sobre la calle, el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación fracasó en su intento de sesionar para discutir la invalidez del DNU 70/23. La citación impulsada por la oposición se cayó al contabilizar 121 parlamentarios en sus bancas, quedando a 8 bancas del número necesario para habilitar el debate.
La ausencia de 136 diputados garantizó la estrategia del oficialismo nacional para mantener la vigencia del decreto que desreguló sectores clave como la medicina prepaga, la derogación de la Ley de Alquileres, la liberalización de tasas financieras y la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
En el plano de las negociaciones políticas federales, resultaron decisivas las ausencias de legisladores alineados con mandatarios provinciales. Integrantes de los bloques Provincias Unidas (vinculados al santafesino Maximiliano Pullaro), Argentina Federal (cercanos al salteño Gustavo Sáenz) e Independencia (alfil del tucumano Osvaldo Jaldo) optaron por no dar quórum. Esta posición reconfigura el mapa de alianzas entre las provincias y la Casa Rosada frente a la discusión de recursos coparticipables.
