La Cámara de Diputados de la Nación fracasó en su intento de abrir el debate para derogar el DNU 70/23 y abordar la Emergencia en Discapacidad junto al alivio para el Endeudamiento Familiar. La oposición reunió únicamente 121 legisladores en el recinto, quedando a solo ocho bancas de los 129 presentes necesarios, según informaron las coberturas de la periodista Verónica Benaim para Tiempo Argentino y del diario Página|12. Ante la evidente falta de número, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, dio por levantada la sesión especial de manera inmediata, dejando expuesto el peso de las negociaciones territoriales entre el Poder Ejecutivo y los mandatarios subnacionales.
El bloque oficialista de La Libertad Avanza y el PRO encabezaron una inasistencia masiva de 136 diputados, respaldados por ausencias clave de bloques provinciales cuyos gobernadores mantuvieron negociaciones directas con la Casa Rosada. La información periodística publicada por Tiempo Argentino y Página|12 destaca que el denominado «efecto París» —referido al reciente viaje a Francia de mandatarios provinciales junto al presidente Javier Milei— operó como factor determinante. Entre los ausentes destacaron tres representantes alineados con el tucumano Osvaldo Jaldo, junto a legisladores que responden a los gobernadores de Santa Fe (Maximiliano Pullaro), Salta (Gustavo Sáenz), Misiones (Hugo Passalacqua), Chubut (Ignacio Torres), Córdoba (Martín Llaryora), Neuquén (Rolando Figueroa) y Jujuy (Carlos Sadir). Incluso se registraron dos bajas sorpresivas dentro de la propia bancada de Unión por la Patria vinculadas a los gobiernos de Tierra del Fuego y Santiago del Estero.
Cruzamiento de acusaciones y fractura opositora en el recinto
Durante las expresiones en minoría, los referentes de la oposición criticaron con severidad las componendas políticas que vaciaron el recinto. Ante el fracaso de la convocatoria, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo con tono crítico que «la oposición va a tener que analizar más detenidamente las matemáticas», al tiempo que advirtió sobre la vigencia del decreto al afirmar que «este decreto le sirvió como herramienta de salida al gobierno cuando no tenían Ley Bases ni mayorías en las cámaras, pero ya está agotado».
El descontento por la frustrada agenda parlamentaria expuso también las tensiones internas sobre la conducción opositora y la negociación de partidas. La diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, cuestionó severamente la conducta de sus pares al señalar que «tener esta media sala vacía es una vergüenza, pero también es una inmoralidad», agregando que la jornada servía para «exponer a tibios, traidores, acuerdistas» que negociaban intereses particulares. Por su parte, el titular de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, remarcó la gravedad institucional señalando que «hoy veníamos a legislar a favor de las personas con discapacidad», lamentando que «muchos le dieron la espalda» a reclamos de extrema vulnerabilidad social. En esa misma línea, el radical Pablo Juliano apuntó directamente contra las bancadas colaboracionistas acusándolas de hacer «el laburo sucio y asqueroso de sostener una agenda que no le habla al argentino de a pie».
El impacto social y el respaldo oficialista al Decreto
Mientras la sesión se caía en el recinto, una multitud se movilizaba en las afueras del Congreso en el marco de la Marcha Universitaria y el reclamo de diversos sectores sociales afectados por el ajuste económico. Según relevó Página|12 en las inmediaciones de la Plaza Congreso, los manifestantes expresaron un profundo repudio a la inasistencia legislativa, manifestando frases como «es una traición, pero ya no confiamos en el Congreso» y denunciando que los diputados «necesitan de nuestro voto para llegar pero cuando llegan no cumplen nada».
En contraste con las críticas de la calle y de los bloques opositores, el oficialismo festejó públicamente la suspensión del debate como un triunfo de gobernabilidad. Tras dar por terminada la sesión, Martín Menem celebró el resultado a través de sus redes sociales asegurando que «una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento», ratificando la firme decisión del Gobierno de mantener inalterable el rumbo trazado por el Poder Ejecutivo.
Las maniobras judiciales y legislativas de fondo
El trasfondo de la convocatoria parlamentaria estuvo marcado por la controversia en torno a la Ley de Tierras y los fallos de la Corte Suprema respecto a la venta de inmuebles rurales a extranjeros. Según la reconstrucción periodística de Página|12, un segundo pronunciamiento del máximo tribunal restituyó restricciones a la extranjerización, lo que otorgó el argumento formal que necesitaban los bloques aliados para justificar su inasistencia a la sesión especial.
Paralelamente, el Gobierno desplegó una estrategia parlamentaria preventiva para dividir la atención legislativa, comprometiéndose a incorporar un tope a la extranjerización dentro del proyecto sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada fijado para el 21 de octubre. Esta combinación de arbitrajes judiciales y concesiones normativas le permitió a la Casa Rosada ganar tiempo, desactivar el frente legislativo opositor y preservar intacto el cuerpo central del DNU 70/23.
