La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) formalizó la apelación al sobreseimiento otorgado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi al presidente Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros nueve imputados en la causa $LIBRA. El titular del organismo especializado en hechos de corrupción, Sergio Rodríguez, asumió la representación del Ministerio Público tras el pedido de cierre formulado por el fiscal Eduardo Taiano.
La intervención de la fiscalía anticorrupción se produjo a partir del requerimiento de las organizaciones CIPCE e INECIP, que se presentaron en el expediente bajo la figura de amicus curiae. En un escrito de 15 páginas, la PIA consideró que la resolución que extinguió la acción penal resultó «prematura», remarcando que «no existió un agotamiento de la investigación, sino todo lo contrario».
Irregularidades probatorias, la ruta del dinero y los 200 millones de dólares
El expediente analiza el colapso del token tras la publicación difundida por el jefe de Estado el 14 de febrero de 2025, donde convocaba a adquirir el activo aduciendo que se trataba de un mecanismo de financiamiento para pequeñas y medianas empresas del país. Los relevamientos incorporados a la causa señalan un perjuicio sobre más de 40.000 damnificados, mientras que 74 billeteras con datos privilegiados habrían absorbido una cifra cercana a los 200 millones de dólares.
La representación penal especializada fundamentó que existen líneas de investigación incompletas respecto a las transferencias financieras internacionales y vacíos en los peritajes tecnológicos. Documentos de la SIFRAI y la DGRADB identificaron giros millonarios vinculados al creador del activo, Hayden Davis, dirigidos a intermediarios como Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco en fechas coincidentes con reuniones celebradas en la Casa Rosada.
Asimismo, la fiscalía especializada cuestionó que no se hayan profundizado los análisis técnicos elaborados por la DATIP sobre los dispositivos móviles incautados a los involucrados. Entre los elementos observados figuran borradores de acuerdos almacenados en notas personales que preveían esquemas de pagos millonarios por difusión y la eliminación de conversaciones en aplicaciones de mensajería durante momentos clave del lanzamiento.
Proyección institucional, regulación de criptoactivos y dimensión federal
El planteo impulsado ante el juzgado subrogado por el magistrado Daniel Rafecas sostiene que la ausencia de un marco regulatorio integral para las monedas virtuales no constituye una causa de indemnidad para los promotores de operaciones con activos digitales. Desde una perspectiva institucional y de política económica, el expediente reabre el debate sobre las garantías de protección a los ahorristas e inversores radicados en las distintas provincias del país.
La delimitación procesal entre el ejercicio de la investidura pública y las acciones promocionales en redes sociales se posiciona como un punto central en el debate jurídico nacional. La Cámara Federal deberá expedirse en las próximas semanas sobre la admisibilidad de la PIA en el rol acusador, determinando si se reanudan las medidas de prueba solicitadas por las querellas en el fuero federal.
