En una investigación publicada por el periodista Sebastián Cazón en el diario Página|12, se detalla lo que denomina un «festival de créditos libertarios», donde funcionarios de alto rango y legisladores del oficialismo obtuvieron préstamos multimillonarios del Banco Nación. Esta revelación cobró cauce institucional a través de una denuncia presentada por el diputado nacional Esteban Paulón, quien exige explicaciones sobre la transparencia de estos fondos. Según Paulón, la difusión de estas operaciones “generan más dudas que certezas” sobre el uso de los recursos del Estado.
Nombres propios y beneficios de «casta»
La lista de beneficiarios incluye figuras centrales de la gestión económica y comunicacional, como el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el director del BICE, Felipe Núñez, quienes habrían obtenido montos que superan los 800 millones de pesos en conjunto. También figuran el tuitero oficialista Juan Pablo Carreira (conocido como Juan Doe) y legisladores como Lorena Villaverde y Mariano Campero. Ante este escenario, el legislador denunciante fue tajante al señalar que se habla de combatir a la «casta», pero sus propios integrantes acceden a beneficios “inalcanzables para el ciudadano común”.
La contradicción de la privatización y la crisis de morosidad
El acceso a estas «tasas preferenciales» por parte de la cúpula gobernante ocurre paradójicamente mientras el Ejecutivo insiste en la necesidad de privatizar el Banco Nación. Esta situación adquiere un tinte crítico al contrastarse con la realidad social: mientras los funcionarios se financian, la morosidad crediticia alcanza récords en la población, con un «40% de jóvenes con deudas en mora». Paulón remarcó esta disparidad al fundamentar su pedido de informes, sosteniendo que el banco estatal pertenece a la sociedad y “no debe favorecer a amigos del poder” para servir intereses particulares.
Pedido de informes y control institucional
La ofensiva legislativa apunta también al Banco Central (BCRA) y a la SIGEN para determinar si se violaron normas sobre el financiamiento a «personas vinculadas» al poder político. Se busca establecer si existió un uso indebido de información privilegiada, dado que muchos de estos préstamos se otorgaron de forma simultánea al asumir sus cargos. El diputado Paulón fundamentó la urgencia de estas medidas en la necesidad de “prevenir y controlar eventuales situaciones de conflicto de interés” dentro de una entidad que, por definición federal, debería volcarse al fomento productivo y no al financiamiento de la élite política porteña.
