En una entrevista concedida al periodista Pablo Duggan en el canal de YouTube de Radio 10, el abogado y exlegislador nacional Eduardo Di Cola analizó con preocupación el proyecto de ley que busca liberalizar la propiedad de la tierra en Argentina. Di Cola advierte que la normativa impacta directamente sobre las jurisdicciones locales, señalando que «estamos discutiendo una ley nacional que refiere al territorio y que el territorio al que estamos refiriendo no está en la capital federal está en cada una de las provincias». Esta centralización del debate ignora que el dominio de los recursos naturales pertenece, constitucionalmente, a los estados provinciales.
La omisión de los estados provinciales y el riesgo ambiental
La crítica de Di Cola se centra en la pasividad de los mandatarios provinciales frente a una reforma que afecta sus activos más valiosos, desde reservas hídricas hasta yacimientos minerales. El analista cuestionó la falta de una postura firme, afirmando que «me parece que este debate tendría que ser tratado con mayor profundidad por parte de quiénes van a ser afectados». Al tratarse de zonas cordilleranas, costeras o con acuíferos, la titularidad extranjera de estas tierras podría condicionar el desarrollo local y el acceso a servicios básicos para las poblaciones nativas.
Tierra como activo geopolítico y «espacio vital»
El contexto internacional ha modificado el valor de la tierra, pasando de ser un bien productivo a un objetivo estratégico global. Di Cola sostiene que este cambio normativo ocurre en un momento donde «el espacio territorial empieza a transformarse en un espacio vital en este reacomodamiento mundial en la que se está produciendo la geopolítica internacional». Bajo esta óptica, la flexibilización de los límites de compra por parte de extranjeros no responde a una necesidad de inversión productiva, sino a una táctica de control territorial por parte de potencias o grandes corporaciones.
El modelo de «Lago Escondido» como advertencia
La experiencia previa con grandes latifundios extranjeros sirve de antecedente para lo que podría generalizarse con la nueva ley. Di Cola recordó los conflictos de acceso público a recursos naturales, señalando que «si vos te compraste todo alrededor y lo cerraste es lo mismo que comprarte el lago». Esta «apropiación de hecho» de paisajes, ríos y glaciares representa una pérdida de soberanía real, donde la ley formal de protección de recursos se vuelve inaplicable ante la propiedad privada del entorno que los rodea.
Capitales especulativos vs. desarrollo nacional
A diferencia de las corrientes migratorias históricas que buscaban producir el suelo, el perfil del comprador actual es el de grandes magnates globales. El exentrevistado aclaró que no se trata de colonos, sino que «estamos hablando de los multimil millonarios del mundo que vienen a invertir en cientos de miles de hectáreas como una tenencia estratégica». Estos capitales suelen dejar las tierras ociosas, priorizando la reserva de valor y el control de bienes estratégicos sobre la actividad económica que genere empleo o desarrollo regional.
La disputa por el agua y los minerales no renovables
El trasfondo de la Ley de Tierras se vincula estrechamente con la transición energética y la escasez de recursos vitales. Di Cola subrayó que el interés extranjero es claro, dado que «vienen por nuestros recursos no renovables estratégicos… centralmente el agua y bueno además los minerales». En este sentido, la tierra es el vehículo para asegurar el dominio sobre el litio, el agua dulce y otros minerales críticos, lo que sitúa a la Argentina en una posición de vulnerabilidad frente a las demandas externas de energía y recursos.
Incertidumbre en el escenario legislativo
Finalmente, el entrevistado expresó sus dudas sobre el desenlace en el Congreso de la Nación, ante un panorama político volátil. A pesar de la gravedad de lo expuesto, Di Cola manifestó su temor por la posible sanción de la norma, indicando que «esta propuesta puede terminar transformándose en una realidad que repito no alcanzo a entenderlo en su en la dimensión de lo que esto implica». El futuro de la soberanía territorial argentina parece depender hoy de una discusión política que, por ahora, elude la profundidad que la entrega del patrimonio nacional amerita.
