En horas de la noche del día miércoles, efectivos del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) irrumpieron en las sedes del Ministerio Público Fiscal en Sucre y Santa Cruz, aprehendiendo de forma intempestiva a 14 personas, entre ellas al fiscal general Roger Mariaca y a tres fiscales de alto rango. El procedimiento se ejecutó sin orden judicial ni expediente previo que lo sustente.
La medida provocó inmediatas denuncias por atropello constitucional, al tiempo que el Ejecutivo boliviano anunció que designará al sucesor mediante decreto presidencial. Esta decisión vulnera la competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional, órgano facultado por la Constitución para elegir al titular del Ministerio Público.
El allanamiento policial vulneró la cadena de custodia de pruebas estratégicas acumuladas en procesos de alta sensibilidad. Entre el material comprometido figuran peritajes telefónicos e información de inteligencia vinculada a causas de alcance regional.
Las causas acorralaban al exasesor y al entorno del Ejecutivo
El trasfondo del descabezamiento judicial guarda relación directa con las investigaciones que Mariaca impulsaba contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo. El exasesor enfrenta cuatro causas centrales: tentativa de femicidio contra Nadia Beller, enriquecimiento ilícito, violencia de género y cobro de sobornos en la región de Beni.
Respecto a las redes del narcotráfico, el vicepresidente boliviano Edmand Lara difundió audios donde se atribuye a Cerimedo la negociación de coimas por 15.000 dólares por cada aeronave narco que despegaba desde San Lorenzo de Mojos. Las revelaciones salpicaron de forma directa al propio Palacio de Gobierno.
Asimismo, las pesquisas abordaban un esquema de corrupción en YPFB por el desvío de 2 millones de litros diarios de combustible y la comercialización de carburantes adulterados que dañaron más de 70.000 vehículos. Fuentes de la querella advirtieron que el operativo busca desmantelar de forma definitiva estos expedientes.
El factor Washington y el despliegue del Escudo de las Américas
Las detenciones se concretaron apenas 24 horas después de que el presidente Rodrigo Paz retornara de EE.UU.. En Washington, el mandatario participó de la cumbre del Escudo de las Américas y sostuvo encuentros de trabajo con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.
En simultáneo, el Departamento de Estado retiró la visa a Mariaca y a otros funcionarios, basando la decisión en audios atribuibles al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Tras el procedimiento, el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, agradeció públicamente el soporte técnico prestado por la DEA.
Desde la oposición, el expresidente Evo Morales sostuvo que la intervención responde a una directiva de Washington para blindar a aliados políticos estratégicos. Analistas internacionales señalan que el concepto de «narcoterrorismo» vuelve a utilizarse para justificar la injerencia en los poderes del Estado.
