El exjuez de la Corte Suprema de Justicia y exintegrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, analizó el crítico escenario judicial en una entrevista concedida a Pablo Caruso en el programa «Que vuelvan las ideas» por AM 530 (Somos Radio). Al evaluar la reciente resolución del máximo tribunal que rechazó el planteo del Centro Excombatientes de Malvinas de La Plata (CECIM) contra la derogación de la Ley de Tierras incluida en el DNU 70/23, el jurista manifestó estar «asombrado con algunas cosas que van in crescendo desde el punto de vista institucional», calificando la postura de los jueces como un precedente carente de sustentación técnica.
El rechazo a la soberanía como bien colectivo
El fallo del máximo tribunal argumentó que el CECIM no poseía personería jurídica ni legitimación para objetar la norma, sosteniendo que la soberanía no configura un bien de incidencia colectiva. Ante esta fundamentación, Zaffaroni cuestionó la lógica jurídica aplicada y señaló que «no entiendo cómo la Corte Suprema puede decir que la soberanía es un bien que no tiene incidencia colectiva», enfatizando que la preservación del territorio nacional afecta al conjunto de la ciudadanía puesto que «si mañana nos convierten en una colonia nos afecta a todo el mundo».
Autolimitación del tribunal y dilación de los fallos clave
La estrategia de la Corte de eludir el análisis de fondo sobre los decretos del Poder Ejecutivo mediante reparos formales evidencia un repliegue en sus funciones republicanas de contrapeso. El especialista explicó que, al restringir quiénes pueden peticionar ante la justicia, «la Corte Suprema va reduciendo su propia competencia», al tiempo que mantiene paralizada la revisión integral de la constitucionalidad del DNU 70/23 debido a que el tribunal «resuelve lo que le da la gana y cajonea lo que le da la gana» según la conveniencia del momento político.
Presiones a la magistratura y erosión republicana
El marco de control difuso de constitucionalidad —garantía que permite a cualquier juez evaluar la validez de una ley— atraviesa un proceso de condicionamiento frente a discursos que amenazan con juicio político a los magistrados que fallan contra decisiones del Ejecutivo. Zaffaroni remarcó que la independencia judicial es imprescindible para evitar que «una mayoría coyuntural no nos convierta en una monarquía», denunciando a su vez que los señalamientos públicos hacia jueces independientes resultan «coercitivos» para el ejercicio de la función jurisdiccional.
Una estructura fracturada y la pasividad del sistema
El diagnóstico sobre el sistema de justicia argentino expone una severa distorsión entre la actuación de la cúpula judicial y el trabajo de los juzgados ordinarios en todo el país. Al sintetizar la gravedad del panorama institucional, el jurista afirmó categóricamente que «no tenemos Poder Judicial, esa es la realidad», sosteniendo que existen «40 o 50 jueces que están enloqueciendo a toda la magistratura», mientras la mayoría de los magistrados mantiene una postura corporativa marcada por un entrenamiento de «no hagan ola».
