Tras el agotamiento de la vía judicial interna en Argentina, el equipo legal de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner brindó precisiones sobre la estrategia internacional. Durante el encuentro con los medios, los letrados destacaron que el proceso en la causa «Vialidad» estuvo marcado por la hostilidad y la vulneración de garantías básicas.
El diagnóstico de los juristas: «Es un escándalo»
El abogado brasileño Rafael Valim, especialista en Derecho Administrativo, fue contundente al analizar la sentencia:
«En términos técnico-jurídicos es un escándalo lo que hicieron con la presidenta… hay problemas técnicos tan graves que la revisión ha de ser necesariamente total».
Valim explicó que la condena se basó en hechos de entes autárquicos sobre los cuales la presidencia no tiene responsabilidad directa, advirtiendo que, si se aplicara ese criterio a otros mandatarios, «todos van a ser encarcelados». Además, subrayó la naturaleza del organismo elegido: «Estamos aquí para que una ciudadana argentina tenga sus derechos respectados bajo el escrutinio de un organismo internacional cuyas decisiones son vinculantes«.
Por su parte, el jurista español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, centró su exposición en las irregularidades procesales:
«He encontrado tantísimas violaciones y arbitrariedades que es un proceso que, una vez agotadas las vías internas, se debería acudir al Comité».
Objetivo de proscripción y «machismo estructural»
Borrego fue enfático al señalar la finalidad política de la causa, afirmando que «el objetivo era excluir a una mujer dos veces presidente elegida de una futura contienda electoral«. El jurista español también observó una paradoja en la composición del sistema judicial argentino:
«En la judicatura y en la fiscalía argentina hay mayoría de mujeres; sin embargo, Cristina Fernández de Kirchner ha conocido cuatro instancias y no ha coincidido con ninguna mujer fiscal ni juez».
Para Borrego, esta situación evidencia un «machismo estructural» que busca apartar a la exmandataria de la vida pública por su condición de líder firme.
Tres medidas cautelares urgentes
El equipo legal detalló que la presentación no solo busca una revisión de fondo, sino que incluye tres pedidos cautelares inmediatos:
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Suspensión de la inhabilitación: Valim aclaró que «el Comité no permite inhabilitaciones perpetuas» y que se busca garantizar los derechos políticos de inmediato.
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Revisión de la prisión domiciliaria: Denunciaron condiciones que calificaron como «brutales y discriminatorias», mencionando restricciones severas a las visitas y fallas técnicas constantes en la tobillera electrónica.
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Composición de la Corte Suprema: Los abogados consideraron que el funcionamiento del máximo tribunal con solo tres miembros es una «vulneración gravísima a toda la ciudadanía argentina».
Finalmente, el abogado argentino Alberto Beraldi recordó que la Corte Suprema local «se escudó en supuestos vicios formales» para no tratar los planteos de fondo, lo que habilitó legalmente esta instancia ante las Naciones Unidas.
