La falta de controles oficiales y la presión internacional del crudo aceleran el traslado a los precios de la canasta básica.
La política de desregulación económica implementada por la administración nacional vuelve a golpear el bolsillo de los consumidores. Según reportó el diario Página|12, las compañías petroleras aplicaron un nuevo incremento del 4% en los combustibles, lo que genera que la “política desreguladora de la administración libertaria limita las posibilidades de ponerle tope a los aumentos” en un escenario de alta sensibilidad social.
El fin de la información obligatoria
Bajo el nuevo esquema de libre mercado, el Gobierno nacional ha eximido a las empresas de la obligación de informar los ajustes de precios de manera anticipada. Esta medida provoca que muchos usuarios se encuentren con la “sorpresa del incremento en la misma estación de servicio”, perdiendo cualquier previsibilidad sobre sus gastos mensuales de transporte.
En términos nominales, el impacto es severo. Tras el ajuste, el litro de nafta súper en YPF se ubicó en los 1.830 pesos, mientras que en empresas como Shell la cifra asciende a los 1.891 pesos. Este movimiento de precios se da en un contexto donde, según un relevamiento de la consultora EcoGo, el índice de precios promedio de naftas y gasoil saltó de “136,3 pesos el 26 de febrero a 148,2 pesos el 16 de marzo”.
Impacto directo en la cadena alimentaria
El combustible no es un bien aislado; su valor es central en la formación de precios de toda la economía, especialmente por los costos logísticos. Analistas advierten que “el traslado a todos los precios de la economía resulta inevitable”, afectando con mayor fuerza al rubro de alimentos y bebidas, que ya registró subas de hasta el 2,7% en las primeras dos semanas de marzo.
A este panorama interno se suma la presión internacional. Con el barril de petróleo crudo alcanzando los 100 dólares debido al conflicto bélico en Medio Oriente, las petroleras locales ajustan sus márgenes basándose en costos dolarizados. La paradoja del modelo actual es que, mientras en Estados Unidos el litro de combustible se paga 90 centavos de dólar, en “Argentina cuesta 1,20 dólares el litro”, superando valores internacionales en una economía con salarios deprimidos.
Implicancias políticas y sociales
El aumento constante de los insumos básicos está horadando el consenso social sobre el rumbo económico. Diversas encuestas comienzan a detectar una “caída del poder adquisitivo y con ello el aumento de la imagen negativa del presidente Milei” ante la persistencia de la inflación.
Desde una perspectiva federal, estos incrementos profundizan las asimetrías territoriales, encareciendo la producción en provincias como Entre Ríos, donde el transporte terrestre es vital para la distribución agroindustrial. El sector pyme, por su parte, ya ha manifestado que llevará sus reclamos al Congreso ante el desplome de la actividad y el alza de costos fijos que amenaza la sostenibilidad de las empresas.
