En un movimiento que profundiza el alineamiento automático con Washington, la Armada Argentina firmó una carta de intención con la Cuarta Flota del Comando Sur de los Estados Unidos. El acuerdo, denominado «Programa de Protección de Bienes Comunes Globales«, establece un marco de vigilancia conjunta en el Atlántico Sur por los próximos cinco años.
La información, difundida inicialmente por la Embajada de los Estados Unidos y no por los canales oficiales del Gobierno nacional, generó una inmediata señal de alerta en los sectores que defienden la soberanía territorial. Según las crónicas de Luciana Bertoia en Página|12 y Natasha Niebieskikwiat en Clarín, el pacto redefine el estatus jurídico de nuestras aguas.
El espejismo de la cooperación técnica
El acuerdo se presenta bajo la fachada de la transferencia tecnológica y el entrenamiento para «neutralizar amenazas«. Estados Unidos proveerá cámaras especializadas FLIR (imágenes térmicas de alta precisión) y aeronaves Beechcraft King Air 360ER para patrullaje.
Sin embargo, esta supuesta ayuda técnica esconde un objetivo estratégico: el acceso de una potencia extranjera a información sensible del litoral argentino. Al aceptar la terminología de «bienes comunes globales«, el gobierno de Javier Milei relativiza la soberanía argentina sobre la Zona Económica Exclusiva (ZEE).
Esta zona no es un espacio «global«; es territorio argentino con recursos pesqueros y energéticos incalculables que hoy quedan bajo la supervisión de la potencia del norte.
De la jurisdicción nacional al «Escudo de las Américas»
El convenio se inscribe en la coalición militar «Escudo para las Américas«, impulsada por Donald Trump. En este tablero geopolítico, Argentina parece ceder su autonomía para actuar como un peón en la pugna de Estados Unidos contra la influencia de China en la región.
Voces críticas, como las de los exministros de Defensa Jorge Taiana y Agustín Rossi, advierten que el acuerdo implica una injerencia extranjera inédita. Taiana señaló que considerar la defensa del Atlántico Sur bajo la lógica de «bienes comunes» entrega la llave de nuestros recursos naturales renovables y no renovables.
Desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, la lectura es aún más cruda: consideran que existe un «plan sistemático de entrega» que ignora la defensa soberana. Mientras el Reino Unido mantiene su saqueo pirata en las Islas Malvinas, el actual Gobierno facilita el avance estadounidense sobre el mar adyacente.
El desfinanciamiento como vía para la entrega
La degradación del equipamiento militar argentino sirve como justificación para este tutelaje. Aunque el discurso oficial de Milei promete revalorizar a las Fuerzas Armadas, el presupuesto para Defensa en 2026 prevé un achicamiento real.
Ante la falta de buques y tecnología propia, la Armada —con la firma de su jefe, Juan Carlos Romay— opta por la subordinación estratégica. Esta «alianza estratégica profunda» mencionada por el embajador Peter Lamelas no es más que la formalización de un rol dependiente para la Argentina.
El Mar Argentino es de los argentinos. Su diversidad y productividad lo convierten en un eje estratégico que no puede ser regalado bajo eufemismos diplomáticos. La soberanía no se comparte ni se internacionaliza; se ejerce.
