Crónica: El Congreso ante el desguace regulatorio y el fin de la universalidad en el gas
La Cámara de Diputados de la Nación, según informó su portal oficial de prensa, otorgó media sanción a dos proyectos centrales para la agenda del Poder Ejecutivo: la denominada “Ley Hojarasca” y una readecuación del Régimen de Zonas Frías. Mientras el oficialismo defendió las medidas como un paso hacia la libertad económica y el equilibrio fiscal, la oposición advirtió sobre un «tarifazo» que afectará a millones de hogares.
«Ley Hojarasca»: ¿Limpieza legislativa o retroceso de derechos?
El proyecto que busca derogar leyes consideradas obsoletas obtuvo 138 votos positivos frente a 96 negativos. El diputado Nicolás Mayoraz (LLA) sostuvo que la iniciativa busca “cambiar el paradigma del Estado omnipresente, de que todo y para todo necesita autorización del Estado”. Sin embargo, desde la bancada de Unión por la Patria, Nicolás Trotta denunció que bajo la excusa de eliminar normas en desuso, “se pretende derogar normas que afectan a la salud, a la cultura y a la producción de este país”.
La falta de un análisis técnico pormenorizado fue uno de los ejes de la crítica opositora. Juan Fernando Brügge señaló que el proyecto “peca de no ser participativo y no hay un estudio técnico profundo de la viabilidad o no de la derogación de las leyes” que se mencionan. Por su parte, Myriam Bregman (FIT-U) calificó la sesión como una distracción frente a la crisis económica, afirmando que “esto no es hojarasca, esto es una nueva entrega de soberanía y no puede ser aprobada”.
El impacto social y geográfico de esta medida fue detallado por el diputado Juan Carlos Molina, quien advirtió que la eliminación de beneficios dejará desamparados a “3 millones de hogares de familias de trabajadores y trabajadoras de jubilados y personas con ingresos medios”. Molina enumeró provincias afectadas como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Juan, señalando que la medida representa un “ajuste encubierto que recae sobre los vecinos”. En la misma línea, Néstor Pitrola (FIT) cuestionó el sentido de la votación al preguntar “¿cómo vamos a votar para atacar el bolsillo de 3.400.000 familias a las que le van a sacar un subsidio?”.
Un debate cruzado por tensiones políticas e internacionales
Más allá de lo legislativo, la sesión estuvo marcada por fuertes cruces políticos. El diputado Rodolfo Tailhade (UxP) planteó una cuestión de privilegio denunciando disparidades en el sistema judicial, sosteniendo que “el poder judicial se ha ensañado y en particular las cámaras de casación” contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, comparando sus condiciones de detención con las de condenados por narcotráfico.
Zonas Frías: El «tarifazo» técnico y territorial
La diputada Vanesa Siley (UxP) aportó un análisis técnico sobre la readecuación de los subsidios de gas, calificándolo directamente como un ajuste sobre la clase media y sectores vulnerables. Siley advirtió que la medida representa un “tarifazo fenomenal en la tarifa del gas de alrededor de 4.165.171 hogares beneficiarios”, señalando que el cambio en la base de cálculo, al excluir ítems como distribución y transporte, impactará de forma directa en las facturas. Según la legisladora, esta reforma rompe el paradigma de un derecho basado en el recurso natural y el territorio, denunciando que “esa plata está yendo para las empresas en la cosmovisión nacida con Martínez de Hoz”.
Por su parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó la incoherencia de quienes anteriormente habían apoyado la expansión del beneficio y hoy promueven su recorte. Martínez defendió la necesidad de un “proyecto de país integrador” que contemple no solo el gas de red, sino también a los usuarios de garrafa, a quienes consideró igualmente perjudicados por la nueva normativa. Además, el diputado propuso una mirada federal que incluya una tarifa diferencial eléctrica para el norte del país, afirmando que “la Argentina necesita un plan federal de infraestructura vinculado a la energía” para completar gasoductos y redes eléctricas.
Ley Hojarasca y la agenda de «distracción»
La denominada “Ley Hojarasca” obtuvo su media sanción entre críticas sobre su relevancia real frente a la crisis económica. La diputada Myriam Bregman (FIT-U) fustigó la prioridad parlamentaria otorgada a este proyecto, asegurando que el debate legislativo “sirve para no hablar de lo insoportable que se le volvió la vida para las mayorías populares”. Bregman calificó la iniciativa no como una simple derogación de normas obsoletas, sino como “una nueva entrega de soberanía” que ignora las urgencias sociales inmediatas.
