El debate alrededor del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) volvió a ocupar el centro de la escena política tras la intervención del diputado nacional Máximo Kirchner durante el Foro de Agenda Ambiental Latinoamericana celebrado en La Plata. Según dio a conocer el diario Página|12, el legislador ratificó su planteo de auditar los proyectos que se incorporen al esquema normativo impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional. Frente a los duros reparos expresados por los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Alberto Weretilneck (Río Negro), Kirchner ironizó al señalar que “se ponen muy nerviosos cuando nos preguntamos el por qué y el para qué del RIGI”, visibilizando las crecientes diferencias conceptuales que cruzan al peronismo y a los mandatarios de provincias con perfil extractivo.
La controversia con los gobernadores y la paradoja de los controles estatales
El cruce político escaló luego de que el gobernador catamarqueño Raúl Jalil calificara como un «error» la sola posibilidad de revisar compromisos en caso de un eventual recambio gubernamental, mientras que el rionegrino Alberto Weretilneck calificó la propuesta como «desaconsejable» por considerar que atenta contra la estabilidad jurídica. Al responder a estos cuestionamientos, el diputado nacional expuso lo que calificó como una asimetría en el criterio oficial a la hora de fiscalizar recursos públicos frente a beneficios corporativos. En ese marco, denunció que “parece que en la Argentina hay que auditar a la Universidad Pública, a las pensiones por discapacidad, a contarle las latas de tomate y los paquetes de polenta a los que no pueden comer, pero a las mineras y a las petroleras no, eso pone en riesgo el futuro del país”.
Lejos de sugerir la parálisis de la actividad productiva primaria, la argumentación buscó delimitar el propósito estratégico de la intervención del Estado en la economía. El legislador enfatizó que “acá nadie está cuestionando la producción de minerales, la producción de combustibles, sino el para qué y por qué. Y cuando esto se quiere discutir, se ponen todos muy nerviosos”. Esta toma de posición refleja la tensión interna de la oposición entre una postura dispuesta a flexibilizar exigencias fiscales para la atracción acelerada de divisas y un sector que exige condicionamientos orientados a la agregación de valor y la soberanía económica.
Comunidades relegadas y la brecha en la calidad de vida territorial
El análisis de la efectividad social del modelo de incentivos ocupó un tramo central de la disertación ambiental en territorio bonaerense. Kirchner contrapuso las siderales utilidades proyectadas por las compañías internacionales con las persistentes carencias estructurales que experimentan las poblaciones linderas a los yacimientos mineros y petroleros. Al detallar la vulnerabilidad de esos centros urbanos, advirtió que “las comunidades que están cerca de los yacimientos y las explotaciones, ven mejorar su vida poco y nada. No hay médico, no hay pediatra, no hay un mamógrafo, muchas veces ni siquiera en un mundo como este llega la señal del teléfono o internet, a pesar de las enormes y siderales sumas que estas compañías transnacionales sacan al ritmo que se les antoja, sin una mirada estratégica”.
Este cuestionamiento pone de relieve las limitaciones históricas de los esquemas de enclave en la región, donde la exportación masiva de bienes primarios no se traduce automáticamente en mejoras de infraestructura ni en bienestar para las comunidades locales. La ausencia de equipamiento médico básico y conectividad en zonas hiperproductivas evidencia la desconexión entre el ritmo extractivo y las políticas de desarrollo regional integrales.
Realidad macroeconómica: recesión e inversión extranjera directa
En el terreno macroeconómico, la intervención objetó la efectividad del RIGI como motor exclusivo de atracción de capitales en un escenario recesivo. Kirchner interpeló los argumentos de la administración nacional y de los mandatarios provinciales señalando la falta de dinamismo en los flujos de inversión privada. En esa dirección, remarcó que “la inversión extranjera directa en nuestro país es la más baja de la serie desde que se mide”, poniendo en duda que las exenciones tributarias extraordinarias garanticen por sí solas la llegada de inversiones genuinas y sostenidas.
Finalmente, el pronunciamiento instó a replantear la jerarquía de prioridades entre las demandas financieras y el bienestar social. Al cerrar su diagnóstico, Kirchner sentenció que “es necesario que los mercados financieros y me el poder económico asuman que los pueblos y la gente existen, que tiene demandas, que quiere vivir”, postulando que el crecimiento económico debe supeditarse al desarrollo humano y a la sostenibilidad democrática.
