La Justicia ecuatoriana rechazó un habeas corpus presentado por la defensa del exvicepresidente Jorge Glas, mientras un informe médico, avalado por organismos internacionales, advierte sobre la necesidad de una hospitalización inmediata fuera del penal.
Un tribunal de Ecuador rechazó este domingo el pedido de traslado del exvicepresidente Jorge Glas a un hospital externo, a pesar de los informes médicos que advierten sobre el deterioro progresivo de su estado de salud. La decisión judicial se conoció tras la presentación de un recurso de habeas corpus por parte de su defensa.
El juez Jean Daniel Valverde declaró inadmisible la solicitud y resolvió que no se vulneraron los derechos fundamentales de Glas vinculados a su integridad física, psicológica ni a la atención sanitaria que recibe dentro del centro penitenciario de máxima seguridad donde permanece detenido.
El habeas corpus y la decisión judicial
El recurso fue presentado por el abogado defensor del exfuncionario, quien argumentó que las condiciones de reclusión resultan perjudiciales para su salud. Además, sostuvo que Glas requiere atención médica especializada de forma urgente en un establecimiento hospitalario externo.
Lamentable y grave. Con medidas cautelares de la @CIDH y medidas provisionales de la @CorteIDH incumplidas, lo jurídicamente correcto era declarar con lugar el hábeas corpus correctivo para garantizar el derecho a la salud, integridad y vida de Jorge Glas. https://t.co/Y3wsMZNJS2
— Alejandro Vanegas M. (@AbgVanegas) December 28, 2025
Sin embargo, en su resolución, el magistrado consideró que las pruebas incorporadas no acreditan una violación de derechos constitucionales. En consecuencia, el tribunal resolvió mantener al exvicepresidente bajo custodia penitenciaria.
Denuncias por trato vejatorio y falta de atención médica
Jorge Glas denunció reiteradamente que atraviesa un trato vejatorio dentro del penal. Según sus declaraciones, sufre una presión psicológica constante y no recibe una asistencia sanitaria adecuada. Incluso, afirmó que se interrumpió el suministro de parte de su medicación habitual.
Estas denuncias fueron respaldadas por el Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glas, que desde hace meses alerta sobre el deterioro sostenido de su salud mientras permanece privado de libertad.
Un informe médico que contradice a la Justicia
Un informe médico presentado el sábado por el doctor Alejandro Barreto contradice de forma directa la evaluación judicial. El documento fue elaborado en el marco de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El especialista recomendó una “hospitalización inmediata” en un centro de salud especializado fuera del ámbito carcelario. Además, advirtió que el estado clínico del exvicepresidente es grave y requiere atención permanente.
El diagnóstico detalla que Glas padece al menos dieciocho patologías, entre ellas hipertensión arterial, fibromialgia, asma bronquial y trastorno de estrés postraumático. Estas afecciones demandan la administración diaria de más de veinte medicamentos.
Asimismo, el informe médico alertó que algunos de los fármacos suministrados podrían provocar daños hepáticos severos o desencadenar una arritmia cardíaca potencialmente mortal.
Pronunciamiento de la Asociación Americana de Juristas
También este domingo, la Asociación Americana de Juristas (AAJ) difundió un comunicado en el que denunció la situación de Glas. Según la entidad, la vida del exvicepresidente corre riesgo debido a las condiciones de su detención y a lo que califican como una privación ilegítima de la libertad.
La AAJ recordó que Glas habría cumplido el 100 % de las condenas vinculadas a los casos Odebrecht y Sobornos el pasado 2 de octubre de 2025. No obstante, continúa detenido en el marco del proceso denominado “Reconstrucción de Manabí”.
De acuerdo con la organización, la falta de notificación de una sentencia escrita en esa causa impide el ejercicio del derecho a recurrir la condena. En ese contexto, sostienen que la detención constituye una “pena anticipada” que vulnera la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
