La sombra del enriquecimiento ilícito sobre la Jefatura de Gabinete
El juez federal Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, y de su esposa, Bettina Angeletti. La medida judicial busca esclarecer el origen de los fondos utilizados para la adquisición de inmuebles y el financiamiento de viajes de lujo, dado que los registros preliminares indican que los gastos de «Adorni no coinciden con el sueldo percibido» desde que asumió funciones públicas.
Inconsistencias patrimoniales y reformas en efectivo
La investigación se precipitó tras el testimonio de Matías Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura, quien confesó ante la justicia haber recibido del funcionario la suma de «245.000 dólares en efectivo por las reformas en el country Indio Cuá». Esta cifra resulta alarmante para la instrucción judicial, considerando que la propiedad en Exaltación de la Cruz fue declarada originalmente por un valor de 120.000 dólares.
El contraste entre la inversión en mejoras, que duplica el precio de compra, y el perfil fiscal del funcionario sugiere una opacidad que la justicia intenta desentrañar. Según fuentes del caso citadas por teleSUR, se busca determinar si existió algún tipo de irregularidad en las compras de dos propiedades en el barrio de Caballito y el mencionado country, operaciones que «se realizaron durante su cargo en el Gobierno Nacional».
El entramado de «dádivas» y vuelos privados
Otro eje central de la causa involucra al periodista Marcelo Grandío, amigo personal de Adorni. La justicia ordenó revisar las comunicaciones entre ambos y con el productor Horacio Silva, bajo la sospecha de posibles «dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública». La mira está puesta sobre un viaje en avión privado a Punta del Este, Uruguay, cuyo costo habría sido solventado por Grandío, quien posee contratos vigentes con la TV Pública.
La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) será la encargada de ejecutar la intervención sobre los dispositivos de comunicación del jefe de Gabinete. Este avance procesal busca corroborar si los vínculos comerciales de sus allegados con el Estado sirvieron de plataforma para beneficios personales del funcionario.
Implicancias políticas en un contexto de crisis
La situación judicial de Adorni genera tensiones dentro de la estructura de poder oficialista. Darío Nieto, legislador porteño del bloque PRO, manifestó una postura crítica frente al caso al señalar que, si bien la instancia judicial es correcta, el jefe de Gabinete «le debe explicaciones al argentino que no llega a fin de mes».
En términos sociales, la investigación resuena con especial gravedad en un territorio donde el discurso oficial promueve la austeridad y la lucha contra los privilegios de la «casta». La confirmación de que un alto funcionario realizó pagos de casi un cuarto de millón de dólares en efectivo mientras ejerce su cargo impacta directamente en la legitimidad del relato gubernamental sobre la transparencia administrativa.
