Audiencias bajo sospecha y el cerrojo a la participación federal
La discusión sobre la modificación de la Ley de Glaciares en el Congreso de la Nación ha quedado envuelta en una fuerte polémica por los mecanismos de participación. Daniel Filmus, exministro de Ciencia y Tecnología, denunció en diálogo con Pablo Caruso en el programa «Que vuelvan las ideas» de Somos Radio AM 530, que el formato de las audiencias virtuales actuales desvirtúa el espíritu democrático del debate. Según el exfuncionario, de los 100.000 inscriptos, apenas un ínfimo porcentaje pudo expresarse, lo que abre la puerta a reclamos legales: «esto que se señala que para cumplir con la formalidad se llama audiencia pública pero después solamente el 5% de los que denotaron pueden hablar no tiene ningún sentido».
La exclusión de voces territoriales no es un dato menor en un medio federal como Plaza de Mayo. Filmus subrayó que los criterios de selección para los oradores fueron, como mínimo, cuestionables, favoreciendo posturas pro-mineras y dejando fuera a representantes de provincias que ya sufren el estrés hídrico. En este sentido, el sociólogo remarcó que esta falta de pluralidad es un riesgo para la legitimidad de cualquier cambio normativo, señalando que «creo que es una cuestión totalmente judicializable porque es obligatorio el llamado a la audiencia pública y cumple esa formalidad».
El agua como límite: retroceso glaciar y soberanía hídrica
El impacto ambiental de la reforma propuesta por el Ejecutivo Nacional no solo afecta a las provincias cordilleranas, sino que proyecta sombras sobre el sistema productivo de todo el país. Filmus vinculó la desprotección de las zonas periglaciares con datos alarmantes de la CONAE, que muestran que la masa de hielo ya ha retrocedido un 17% en las últimas dos décadas. Para el exministro, ignorar la ciencia en la toma de decisiones políticas es un error estratégico: «Es verdad que este gobierno no cree en el calentamiento global pero las imágenes satelitales que la propia CONAE Argentina muestra es que ese retroceso existe».
La implicancia social es directa: la falta de agua en las cuencas afecta la vida cotidiana y la producción agropecuaria en provincias como Córdoba o La Pampa, que dependen del deshielo para mantener sus caudales en épocas de sequía. Filmus advirtió que el enfoque gubernamental es peligrosamente limitado, priorizando la obtención de divisas inmediatas sin considerar la sostenibilidad a largo plazo. Al respecto, sentenció: «Mañana las futuras generaciones y las actuales también este no solo no van a tener (plata) sino que no van a tener agua».
Seguridad jurídica y el modelo de «enclave»
Desde una perspectiva analítica, la reforma no solo es cuestionada por su impacto ecológico, sino por su ineficacia para atraer inversiones estables. Filmus argumentó que la actual ley ya fue refrendada por la Corte Suprema y que intentar modificarla para favorecer proyectos mineros específicos solo generará un escenario de parálisis judicial, similar al caso de Pascua Lama en Chile. Para el exsenador, la solidez institucional es clave: «estamos defendiendo la minería porque no van a venir inversiones de cientos o de miles de millones por el riesgo a que después se judicialice».
Finalmente, el debate de fondo gira en torno al modelo de desarrollo. Filmus contrapuso la idea de una minería de «enclave» —que extrae recursos primarios sin valor agregado— con un modelo basado en la tecnología y el empleo nacional, citando el ejemplo del litio. Criticó que el marco actual permita comprar paquetes tecnológicos extranjeros sin priorizar la industria local, concluyendo que «el RIGI dice textualmente que vos podés comprar los paquetes tecnológicos a mano», lo que despoja al país de la posibilidad de una cadena de valor real.
