En una reciente entrevista concedida a la periodista Cynthia García en el programa La García (Somos Radio AM 530), el fiscal federal y ex titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, desarmó el discurso oficialista que intenta blindar el patrimonio de sus integrantes. Ante las evasivas del vocero presidencial Manuel Adorni sobre su nivel de vida, Crous fue tajante al señalar que «el funcionario público tiene el ámbito de vida privada… nimio, mínimo y todo lo que se refiere al dinero es ninguno». Esta postura confronta directamente con la resistencia del Ejecutivo a brindar explicaciones sobre gastos y viajes que, por ley, deben ser de acceso público.
La normativa vigente, lejos de ser una construcción discrecional, se apoya en el principio de máxima transparencia activa. Crous recordó que estas obligaciones no surgen de la voluntad de un sector político, sino de un «conjunto de leyes que sancionó el macrismo» y que establecen que los investigadores, incluidos los periodistas, deben acceder a la información en formatos procesables. Para el especialista, ocultar datos bajo el pretexto de la intimidad es un error conceptual grave, ya que «el deber de informar es un deber que por supuesto trasciende lo judicial».
El mito del «funcionario a tiempo parcial»
La estrategia de defensa del presidente Javier Milei, quien intenta separar sus acciones en redes sociales de su rol institucional, también fue objeto de un análisis crítico. Crous desestimó la idea de que un mandatario pueda actuar como un ciudadano común en el ámbito público, afirmando con rigor constitucional que «uno es presidente desde que se despierta hasta que se duerme y cuando duerme también». Esta distinción es clave para entender las implicancias legales de los agravios y comunicaciones oficiales emitidos desde cuentas personales.
El fiscal advirtió sobre la confusión deliberada que existe en la actual gestión respecto a los deberes del poder, la cual se traduce en un ejercicio que roza lo arbitrario. Según su diagnóstico, la administración actual parece comprender el mando no como un servicio, sino como una «suerte de reyesía de segundo rango». En este contexto, la reticencia a responder preguntas en conferencias de prensa se interpreta como una infracción a la «ley de ética pública [que] claramente da mandatos muy generales con esto y muy claros».
Una «Corte Sojera» para un país con deudas federales
Desde una perspectiva federal, que interesa particularmente a provincias como Entre Ríos, Crous cuestionó la actual composición y el sesgo territorial de la Corte Suprema de Justicia. Al referirse a la concentración de poder en manos de tres jueces con fuertes vínculos con los sectores exportadores, no dudó en calificarla como la «Corte Sojera de Justicia». Para el ex titular de la OA, el máximo tribunal carece de representatividad real, ignorando las diversidades productivas e idiosincráticas del resto de las provincias argentinas.
La propuesta de reforma que plantea Crous busca romper con el centralismo y la falta de equidad de género, sugiriendo una integración que respete el peso de cada jurisdicción. Según explicó, «deberíamos tener una corte integrada por cuanto menos un representante de cada provincia y una equidad de género» para garantizar un régimen republicano verdadero. Actualmente, la falta de patagónicos, cullanos o representantes de la provincia de Buenos Aires evidencia una corte «incoherente con un régimen republicano verdadero».
La memoria en el territorio: El saldo del 24 de marzo
Finalmente, el análisis abordó la masiva movilización por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, destacando un fenómeno de relocalización de la conmemoración en los barrios y pueblos de todo el país. Crous observó que este desplazamiento de lo icónico (la Plaza de Mayo) hacia lo cotidiano significa que «esta localización de la conmemoración… implica la profunda incorporación de la fecha… en la vida permanente de las personas». Este cambio de escala permite que el recuerdo de los desaparecidos se integre a la historia familiar y vecinal sin mediaciones del poder central.
Esta «apropiación» territorial del 24M funciona como un dique ético frente a los discursos que intentan rehabilitar el pasado dictatorial desde la cima del Estado. Para el fiscal, el hecho de que la ciudadanía cuelgue el pañuelo en su balcón o nombre a los desaparecidos de su barrio demuestra que «hemos dado inclusive un salto de calidad en la forma del recuerdo y la conmemoración». Ante un gobierno que calificó como negacionista, la respuesta popular fue una advertencia rotunda sobre el zócalo ético que la sociedad no está dispuesta a ceder.
