En una sesión que marca un precedente en el derecho internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó este miércoles una resolución que define a la trata transatlántica de esclavos como el «crimen de lesa humanidad más grave» de la historia. La decisión, sin embargo, expuso una nueva fractura en la política exterior de nuestro país: Argentina fue uno de los tres únicos Estados que votaron en contra del documento.
La iniciativa, impulsada por un bloque de 60 países de África, el Caribe y América Latina, obtuvo 123 votos a favor. La resistencia fue mínima pero significativa: Argentina, Estados Unidos e Israel conformaron el bloque del «No«, mientras que 52 naciones —en su mayoría del bloque occidental y Japón— optaron por la abstención.
Un sistema de cuatro siglos bajo la lupa internacional
El texto aprobado no se limita a una condena simbólica. Caracteriza a la esclavitud racializada de africanos como una injusticia inhumana y duradera que, por su carácter sistémico y su brutalidad, sigue estructurando las desigualdades actuales a través de regímenes de trabajo y capital.
La resolución destaca que este fue el primer régimen mundial que codificó a seres humanos como propiedad hereditaria y enajenable, transformando la reproducción humana en una herramienta de acumulación de capital. Entre los fundamentos legales que el documento busca impugnar se encuentran las bulas papales del siglo XV y los códigos de esclavos coloniales que definían a las personas como «bienes muebles«.
El eje de la discordia: Reparaciones e imprescriptibilidad
El punto que generó mayor fricción diplomática es la reafirmación de que estos delitos no prescriben. La ONU estableció que los Estados responsables tienen la obligación de reparar íntegramente el daño causado.
El programa de justicia reparadora propuesto incluye:
- Disculpas formales y plenas por parte de los Estados involucrados.
- Medidas de restitución, indemnización y garantías de no repetición.
- La restitución inmediata y gratuita de bienes culturales, arte y archivos nacionales a sus países de origen.
La perspectiva de género en la explotación
La resolución aprobada incorpora una mirada crítica sobre el carácter «excepcionalmente generizado» de la trata. Denuncia cómo mujeres y niñas fueron sometidas sistemáticamente a violencia sexual y reproducción forzada para garantizar la continuidad de la mano de obra esclava, vulnerando derechos reproductivos básicos mediante principios legales coloniales.
Implicancias de la postura argentina
El voto negativo de la delegación argentina no solo distancia al país de los consensos regionales de América Latina y el Caribe, sino que también marca una ruptura con la tradición de defensa de los Derechos Humanos que ha caracterizado la agenda externa del país en las últimas décadas.
Al oponerse a una resolución que reconoce la esclavitud como un crimen imprescriptible, la diplomacia nacional queda en una posición de aislamiento internacional frente al Sur Global, alineándose estrictamente con los intereses de potencias que históricamente han resistido los esquemas de reparación económica y cultural.
Esta postura coincide con el inicio del Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2025-2034), un contexto donde la comunidad internacional busca profundizar la educación, la memoria histórica y el reconocimiento de las secuelas del colonialismo.
