El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Ejecutivo nacional, que endurece las políticas de expulsión y criminalización de extranjeros, no es un hecho aislado sino parte de una estrategia política deliberada. Según Federico Pita, editor del suplemento Negre de Página 12 y fundador de DIAFAR, en diálogo con Cintia García por AM 530, esta medida representa un capítulo más de lo que define como “terrorismo blanco”, una dinámica que se empalma con retóricas de la ultraderecha europea y estadounidense. Para el analista, este decreto busca estigmatizar a quienes conforman la base social del país, dado que en Argentina “la excusa es contra el migrante pero en definitiva… las mayorías somos no blancas”.
La matriz colonial y la subversión de los derechos humanos
El análisis de Pita profundiza en cómo la nomenclatura colonial persiste en el lenguaje político actual para deshumanizar a los sectores populares. Al respecto, señala que el uso de términos peyorativos busca desplazar a las mayorías de la discusión pública, advirtiendo que en el imaginario racista local “todo lo que no es humano es negro”, una categoría que abarca tanto a migrantes recientes como a poblaciones históricamente vulneradas en el territorio. Esta construcción discursiva se alinea con movimientos globales que promueven la idea del «gran reemplazo», donde el supremacismo blanco percibe como una amenaza a cualquier núcleo no occidental.
Asimismo, la gestión de Javier Milei es cuestionada por intentar resignificar el concepto de «discursos de odio» para proteger al aparato estatal en lugar de a las minorías. Pita sostiene que el gobierno “subvierte [la figura del discurso de odio] y la víctima sería el Estado”, lo cual constituye un oxímoron dentro del sistema internacional de derechos humanos. Esta maniobra no es solo una «batalla cultural», sino una justificación para implementar “modelos de exclusión y de descarte” que paralizan la participación política de los sectores populares a través del miedo.
El Estado policial y el silencio de las comunidades
El impacto territorial de estas políticas se traduce en un incremento del control social y un clima de persecución que afecta directamente la libertad de expresión de los afectados. El analista destaca que el endurecimiento migratorio ha generado que muchos extranjeros teman manifestarse públicamente, relatando que ante la consulta para obtener testimonios, “ninguno se anima a hablar” por el temor latente a las represalias estatales. Este escenario se agrava con la sintonía política entre el Gobierno Nacional y la administración de Jorge Macri en la Ciudad, cuya propaganda es calificada por Pita como “explícitamente racista” al presentar la seguridad como una barrera contra una supuesta «barbarie».
Finalmente, Pita advierte que ignorar la dimensión racial de estas políticas es un error estratégico para la oposición. Considera que entender el racismo no es una «bomba de humo», sino un eje central de la política actual, ya que el modelo de “estado de policía” busca garantizar que las mayorías populares no acudan a votar ni se involucren en la vida pública. En este contexto, el DNU no solo afecta a quienes cruzaron la frontera recientemente, sino que funciona como un mecanismo de disciplinamiento para todos aquellos que el poder identifica como “negros de mierda”, reforzando una estructura de desigualdad histórica.
