De acuerdo con lo informado por el periodista Ariel Stemphelet en Tiempo Argentino y teleSUR, la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un recurso de queja presentado por los querellantes apartados del expediente $Libra.
Esta determinación de la máxima instancia penal de la Argentina representa un revés procesal para la estrategia legal del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el grupo de empresarios cripto imputados, al reactivar la vía judicial que se encontraba virtualmente paralizada tras los sobreseimientos de primera instancia.
Un cambio de rumbo procesal ante la máxima instancia penal
El fallo de Casación no implica automáticamente la reincorporación inmediata de los querellantes, sino que habilita formalmente el tratamiento del reclamo para analizar si la exclusión dictada por las instancias inferiores fue legítima. La resolución judicial se alcanzó con una mayoría conformada por los camaristas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, frente al voto en disidencia del juez Guillermo Yacobucci.
Al fundamentar su voto, el camarista Slokar subrayó que “pudiendo constituir los agravios invocados por la parte recurrente algunas de las causales previstas, corresponde hacer lugar a la queja”. Por su parte, la jueza Ledesma adhirió al criterio señalando que “se ha alegado cuestión federal suficiente para habilitar la instancia”.
Las claves de la resolución y las voces del expediente
La decisión beneficia directamente a los inversores damnificados Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro París y Brian Emmanuel Quintero —representados por el equipo legal integrado por Nicolás Rechanik, Camila Palacín y Yamil Castro Bianchi—, además del especialista en criptoactivos Martín Romeo, patrocinado por Nicolás Oszust. Asimismo, el tribunal aceptó revisar la negativa a constituir como particulares damnificados a dos ciudadanos extranjeros, Lapchenko Vladislav Andreevich y Krasutskaya Sviatlana Vitalievna, quienes denunciaron pérdidas económicas tras comprar el token promocionado en la red social X.
Tras conocerse la resolución, el abogado Nicolás Oszust expresó: “Estamos satisfechos con la resolución que está reparando la injusticia en que había recaído el juez de primera instancia como la cámara revisora”. Ante el nuevo escenario, la representación jurídica de las querellas sostuvo que el apartamiento previo vulneraba el derecho constitucional de acceso a la justicia y remarcó que “el expediente se centra en la promoción inicial del activo digital por parte del presidente Javier Milei”.
De la hipótesis de estafa al argumento del riesgo financiero
El expediente había entrado en una fase decisiva cuando el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales y Hayden Davis, en sintonía con el dictamen formulado por el fiscal Eduardo Taiano. La desestimación se apoyó en la exclusión previa de las querellas tras un planteo de la defensa de Novelli, desplazando la hipótesis delictiva de estafa hacia la consideración de que los denunciantes asumieron un riesgo voluntario en un mercado desregulado.
Sin embargo, el escenario institucional sumó mayor presión judicial cuando la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, solicitó que “se deje sin efecto” el sobreseimiento decretado al calificar la medida de “prematura”. El trámite penal, actualmente bajo el interinato del juez Daniel Rafecas debido a la licencia del titular, obligará a los camaristas de Casación a escuchar los alegatos orales o escritos de las partes antes de dictar una sentencia definitiva sobre la reincorporación de los damnificados.
