La capital paraguaya atraviesa una severa turbulencia social e institucional. El desencadenante inmediato fue el anuncio del Banco Central del Paraguay (BCP) de intervenir y disolver la entidad financiera digital Ueno Bank tras detectar un deterioro crítico de su solvencia.
Una parálisis masiva con alto impacto social
La decisión del organismo regulador paralizó las operaciones de aproximadamente 3.000.000 de clientes, impidiéndoles el acceso diario a sus ahorros. El problema no se limita al sector privado: la medida dejó atrapados recursos estratégicos del Estado, entre los que destacan entre 348,5 y 380 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS) destinados a las jubilaciones de los trabajadores públicos.
Protestas en las calles y respuesta policial
La incertidumbre económica derivó de forma inmediata en movilizaciones en el centro de Asunción. Cientos de afectados marcharon hacia las cercanías del palacio presidencial para exigir la restitución de sus fondos y manifestar su repudio al colapso del sistema. La jornada culminó en momentos de alta tensión y represión policial, donde los efectivos emplearon cañones de agua y gases lacrimógenos a tan solo una cuadra del Palacio de López, registrándose incluso agresiones contra manifestantes en situación de discapacidad.
Impacto político y cuestionamientos al control estatal
La magnitud de la crisis obligó a la renuncia del presidente del BCP, Carlos Carvallo, mientras la Fiscalía formalizó órdenes de captura contra directivos de la entidad. En el Congreso, sectores opositores promovieron un pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, señalando la inacción fiscalizadora del Ejecutivo y presuntos nexos previos con la firma colapsada.
Distancia crítica ante el discurso del Ejecutivo
En un intento por aplacar el descontento, el mandatario Santiago Peña emitió una alocución pública donde admitió la zozobra «generada por la decisión del Banco Central del Paraguay de proceder con la disolución de Ueno Bank». No obstante, el discurso oficial evitó profundizar en las fallas previas de supervisión bancaria. Aunque Peña aseguró que la prioridad gubernamental «es y será proteger con toda nuestra fuerza el fruto de ese esfuerzo y generar respuestas concretas, rápidas y responsables», la falta de cronogramas precisos para la devolución del dinero mantiene la desconfianza ciudadana en niveles críticos.
