En una sesión marcada por una profunda división política, la Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil. La iniciativa, que reduce la edad de responsabilidad penal de los 16 a los 14 años, recibió 149 votos a favor y 100 en contra.
La discusión en el recinto evidenció visiones opuestas sobre cómo abordar la inseguridad y la delincuencia juvenil en Argentina. El diputado Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, denunció un «vacío de acción de política pública» en el proyecto oficialista. Según Martínez, el dictamen de mayoría ignora el terreno educativo y de inclusión, asignando «cero pesos» a la prevención del delito.
Asimismo, el legislador Martínez cuestionó que se ignore el federalismo al desoír a especialistas del interior del país que se manifestaron contra la norma. En su discurso, Martínez rechazó lo que denominó como «carancheo» político ante situaciones dramáticas. Por lo tanto, el bloque opositor exigió un régimen que garantice el abordaje integral sin centrarse únicamente en la cifra de la edad.
El impacto social y las advertencias de los especialistas
La mirada sobre la vulnerabilidad de la infancia ocupó un lugar central en las exposiciones críticas de la jornada. El diputado Eduardo Valdés calificó como un «juego de aritmética» la discusión sobre si la edad debe ser 13 o 14 años. Valdés sostuvo que castigar a un menor no protege a la sociedad, sino que la «embrutece» al enseñar que los problemas se resuelven eliminando al más débil. En este sentido, remarcó que los afectados por este sistema son, en su gran mayoría, niños pobres a quienes el Estado vigila pero jamás comprende.
Por otro lado, el diputado Juan Carlos Molina cuestionó la falta de inversión en escuelas, clubes y salud mental frente al gasto en cárceles. Molina citó datos de UNICEF para advertir que en los países donde se bajó la edad de imputabilidad, los niveles de violencia aumentaron sensiblemente. Igualmente, alertó que esta ley provocará que las bandas criminales comiencen a utilizar a niños de 10 u 11 años para cometer delitos, profundizando la criminalización de la niñez pobre.
El debate legal: La opinión de los juristas
La comunidad jurídica y académica ha manifestado una oposición técnica casi unánime frente a la reducción de la edad de punibilidad. Diversos especialistas coinciden en que la medida aprobada en la Cámara de Diputados es anticonvencional e inconstitucional, ya que viola de forma directa el principio de no regresividad en materia de derechos humanos. Según este principio, el Estado tiene prohibido retroceder en la cobertura de un derecho ya adquirido, y Argentina ya había fijado los 16 años como piso mínimo de protección tras la recuperación de la democracia.
El jurista Alejandro Javier Osio sostiene que bajar la edad de punibilidad es una decisión meramente política que carece de una base empírica verificable. En sus términos, la ampliación del sistema penal a niños de 15 años no demuestra capacidad para reducir los delitos, sino que simplemente amplía el poder penal selectivo del Estado sobre un sector de la población históricamente vulnerabilizado. Por su parte, la abogada Claudia Cesaroni enfatiza que el sistema penal es estructuralmente discriminatorio y selectivo, ensañándose con los pibes que son el eslabón más débil de las organizaciones criminales y no con sus jefes adultos.
Desde la magistratura, el juez Víctor H. Violini ha calificado esta reforma como un retroceso peligroso que ignora el conocimiento especializado sobre el desarrollo adolescente. Asimismo, la Red de Juezas y Jueces Penales de la Argentina ha denunciado que la medida funciona como un “efecto placebo”. Los magistrados advierten que el endurecimiento de penas omite las realidades estructurales de la niñez y que el Estado está renunciando a su obligación de implementar políticas de prevención integral, optando por el castigo como única herramienta.
Finalmente, el especialista Emilio García Méndez criticó duramente el proyecto al considerar que es “peor que la ley de la dictadura” que rige actualmente. García Méndez subraya que es vital distinguir entre imputabilidad (capacidad de ser juzgado) y responsabilidad penal (responder de forma diferenciada), señalando que Argentina sigue siendo la “vergüenza de las estadísticas” al no contar con datos claros sobre cuántos menores están realmente privados de su libertad. En conclusión, para los expertos, el derecho penal debe ser la última ratio (último recurso) y no una herramienta de demagogia punitiva para calmar el clamor mediático.
