A través de la Disposición 6/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, el Gobierno Nacional autorizó formalmente a la empresa EL AL ISRAEL AIRLINES LTD a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas. La medida habilita a la firma a operar de forma combinada entre diversos puntos de Israel y Argentina, incluyendo escalas intermedias y puntos de conexión «más allá» del destino final.
Técnicamente, la autorización se ampara en el Acuerdo sobre Transporte Aéreo firmado entre ambos países en 2017, pero cobra vigencia operativa inmediata tras la firma de un Memorándum de Entendimiento (MoU) el pasado 19 de abril de 2026 en la ciudad de Jerusalén.
El paraguas de la desregulación y la diplomacia aérea
La llegada de la aerolínea de bandera israelí se inscribe en la agresiva política de «cielos abiertos» impulsada por el Poder Ejecutivo, fundamentada en el Decreto 599/2024, que busca flexibilizar la entrada de operadores extranjeros al mercado local. La disposición, que lleva la firma del subsecretario Hernán Adrián Gómez, señala que la compañía ha cumplido con los recaudos legales y administrativos exigidos, contando con el visto bueno de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Sin embargo, detrás de la narrativa técnica de conectividad y competitividad comercial, subyace una decisión de profunda carga política. La reactivación de convenios que datan de 2017, sumada a la firma de nuevos compromisos en Jerusalén, evidencia la voluntad del gobierno argentino de estrechar lazos logísticos y estratégicos con el Estado de Israel en un momento de máxima tensión global.
Las implicancias de un vínculo en tiempos de genocidio
El otorgamiento de derechos de tráfico aéreo a la aerolínea israelí EL AL no puede ser analizado como un hecho administrativo aislado. Esta medida cristaliza un alineamiento geopolítico que ignora las advertencias de los principales organismos de derechos humanos internacionales. Actualmente, Israel se encuentra bajo la lupa de la Corte Internacional de Justicia ante denuncias por la presunta comisión de genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza.
Asociar la infraestructura de transporte nacional con la aerolínea de bandera de un Estado acusado de crímenes de guerra y masacres sistemáticas coloca a la Argentina en una posición de validación ética y política sumamente riesgosa. Mientras gran parte de la comunidad internacional debate sanciones y solicita ceses al fuego inmediatos ante la crisis humanitaria en territorio gazatí, la administración argentina opta por profundizar una integración que prioriza la afinidad ideológica sobre el compromiso con el derecho internacional y la vida humana.
Seguimiento operativo
La empresa, registrada bajo el CUIT 30-50693586-1, deberá ahora coordinar las frecuencias y slots operativos para dar inicio a sus vuelos. Resta determinar si este incremento en la conectividad aérea se traducirá en beneficios económicos reales o si terminará consolidándose únicamente como un eslabón logístico en un posicionamiento internacional que margina a la Argentina de los consensos globales en materia de paz y derechos humanos.
