En una reciente entrevista concedida al periodista Fernando Borroni para la señal Radio10, el exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, analizó críticamente los últimos anuncios de la administración de Javier Milei respecto al reclamo de soberanía nacional. El exfuncionario advirtió que la retórica presidencial se contradice abiertamente con las acciones de su propia Cancillería, señalando una profunda desconexión entre la propaganda oficial y las concesiones diplomáticas reales. Al respecto, el exsecretario apuntó con firmeza que el discurso del mandatario nacional se caracteriza por ser una pieza de oratoria donde «anunció todo lo contrario a lo que hizo» a lo largo de su gestión gubernamental.
La confrontación entre la retórica de soberanía y la práctica diplomática se materializa de manera nítida en el reciente acuerdo firmado entre la canciller Diana Mondino y su par británico, David Lammy. Filmus asimiló este pacto al controvertido acuerdo «Foradori-Duncan» de la administración de Mauricio Macri, argumentando que ambos esquemas de entendimiento consolidan el control del usurpador sobre los recursos naturales del archipiélago y el mar adyacente. Para ilustrar esta claudicación, el entrevistado comparó los compromisos asumidos en el Atlántico Sur con una preocupante permisividad hogareña: «Es como que vos tenés un ocupa en tu casa, decís que lo querés echar pero mientras tanto decís ‘¿Por qué no pintamos juntos el baño que está muy mal?'».
La facilitación logística es uno de los ejes más sensibles del nuevo acuerdo bilateral, dado que agiliza la operatividad comercial británica en el área sin necesidad de interactuar formalmente con el territorio continental argentino. En particular, la reinstauración de vuelos directos desde las islas hacia terceros países de Sudamérica resulta clave para la viabilidad económica de las actividades extractivas que la administración colonial promueve de manera unilateral. El exfuncionario denunció esta situación con dureza, remarcando que «ese mismo acuerdo le permitía a los isleños tener un vuelo directo de las islas a otros países de América Latina continentales sin pasar por Buenos Aires o pasar por Argentina», garantizando la infraestructura logística requerida para exportar pesca e hidrocarburos.
La geopolítica del «chantaje»: El rol de los Estados Unidos y el antecedente de Chagos
El posicionamiento de las grandes potencias occidentales también formó parte del análisis del exsecretario, quien desmitificó cualquier presunta alineación automática o benevolencia por parte de la Casa Blanca hacia los intereses nacionales argentinos. Filmus inscribió la disputa por las islas en el tablero militar y financiero de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), donde Washington emplea la cuestión de soberanía como elemento de presión interna sobre Londres. Lejos de representar un genuino apoyo al reclamo de Buenos Aires, el exsecretario encuadró el escenario actual como «un chantaje hecho de Estados Unidos a Reino Unido para que ponga más plata para la guerra con Irán o que compre más armas».
Para argumentar su tesis sobre la naturaleza transaccional de la política exterior estadounidense, Filmus recordó el antecedente del archipiélago de Chagos, donde Washington intervino activamente en sentido opuesto para resguardar la operatividad de su propia infraestructura bélica en el Océano Índico. De acuerdo con el exfuncionario, la potencia del norte presionó a los británicos para abortar la devolución pactada de las islas a la República de Mauricio debido a la presencia de una base militar estratégica en la zona. Filmus relató que la intervención de la potencia norteamericana ocurrió justo cuando el Reino Unido retrocedió sobre sus pasos bajo la instrucción estadounidense de «ahí tenemos la base militar nuestra en el Índico, no se la devuelvas».
Ushuaia en la mira: La paralización del Fondef y el debate por la soberanía logística
La discusión sobre la base naval integrada de Ushuaia, proyectada originalmente como un nodo logístico estratégico argentino de cara al continente antártico, sumó un nuevo capítulo de alerta frente a los rumores de financiamiento y participación de fuerzas armadas extranjeras. Filmus defendió la urgencia de dotar a Tierra del Fuego de una infraestructura portuaria de aguas profundas plenamente soberana, pero condicionó cualquier tipo de asociación internacional al aval explícito de los poderes constitucionales. De modo taxativo, el especialista remarcó que «esa base no puede tener participación norteamericana salvo que el Congreso decida de que sea una base conjunta» con otros países.
Asimismo, el exsecretario denunció la interrupción del financiamiento destinado a la edificación de la base portuaria, la cual formaba parte del planeamiento presupuestario del exministro de Defensa Jorge Taiana y se sustentaba en el Fondo para la Defensa (Fondef). Al congelar estos recursos de asignación específica creados por ley, la administración actual postergó una obra indispensable que el gobierno anterior había decidido financiar exclusivamente con partidas propias para evitar condicionamientos políticos de potencias como Estados Unidos o China. Filmus lamentó la desarticulación del fondo de defensa, señalando que la construcción se iba a realizar «con recursos propios para no tener condicionamientos».
Justicia petrolera y pasividad estatal: El caso de Navitas Petroleum
El retroceso en el plano de las demandas judiciales contra las empresas que operan ilegalmente en la plataforma continental argentina representa otro de los puntos de grave preocupación señalados por el exsecretario. Filmus destacó la potencia punitiva de la reforma legal de 2013, que de acuerdo con su testimonio de primera mano elevó la exploración hidrocarburífera no autorizada de la categoría de infracción administrativa a la de delito penal. El exfuncionario instó a sostener una política de persecución penal sistemática, asegurando que «si Argentina se pone firme y empezás a pedir a tener los directivos de esas empresas y a pedir la captura de esos directivos», los responsables petroleros verían seriamente afectada su libertad de tránsito, ya que en aeropuertos con convenios vigentes «por lo menos va a ser demorado».
Esta estrategia de encarecimiento del costo corporativo para desestimular inversiones en Malvinas se ha visto debilitada, según Filmus, por la inacción estatal ante la firma israelí Navitas Petroleum, la cual inyectó un flujo masivo de capitales clave para viabilizar el proyecto Sea Lion tras el agotamiento financiero de la británica Rockhopper. Bajo la actual gestión gubernamental, la denuncia penal interpuesta originalmente en la justicia federal de Río Grande ha perdido impulso procesal, debilitando la disuasión jurídica construida pacientemente por las gestiones previas. Filmus lamentó profundamente que esta nueva causa contra la operadora petrolera, «nuevamente con el gobierno de Miley dejó de avanzar», consagrando la impunidad de las corporaciones transnacionales.
La amenaza invisible: Riesgo ambiental en Sea Lion y el doble estándar de las ONG
El inicio de la fase de explotación hidrocarburífera en el yacimiento Sea Lion no solo lesiona la soberanía territorial, sino que introduce un escenario de peligro ambiental de proporciones catastróficas para la Antártida y el ecosistema marino austral. Filmus contrapuso el potencial daño ecológico en el Atlántico Sur con el histórico desastre de la corporación British Petroleum en el Golfo de México, remarcando que la geografía de Malvinas carece absolutamente de la infraestructura logística y demográfica mínima indispensable para atenuar o remediar un derrame de gran escala. El exsecretario alertó sobre esta alarmante vulnerabilidad, aseverando que «el ecosistema mundial está en riesgo porque si hay un accidente en Sea Lion llega a Antártida».
Finalmente, el exfuncionario denunció la hipocresía política de las grandes organizaciones no gubernamentales de conservación ecológica del hemisferio norte, las cuales mantienen un riguroso silencio ante los megaproyectos extractivos de las naciones centrales, mientras obstruyen sistemáticamente el desarrollo energético de los países periféricos. Para Filmus, existe un sesgo de conveniencia muy marcado que descalifica moralmente la supuesta neutralidad de estos colectivos globales. Con una mirada desmitificadora del panorama internacional, el analista concluyó críticamente que «muchas de las ONG ambientales son ambientales para cuando nosotros queremos explotar algo. Cuando los países centrales quieren explotar algo», las prioridades ambientales pasan de inmediato a un conveniente segundo plano de complicidad.
