A través de la Resolución 27/2026 de la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Economía puso fin al congelamiento técnico de las tarifas de transporte público. La normativa establece un cronograma de actualización de precios para los servicios de Jurisdicción Nacional que impactará de forma gradual y mensual: tres etapas consecutivas para el transporte automotor y cinco para el ferroviario.
La medida se justifica oficialmente en la necesidad de «mantener la ecuación económico-financiera» ante los incrementos en los precios del gasoil, seguros y repuestos, además de las recientes paritarias del sector. Sin embargo, la decisión traslada de forma directa el peso de la inflación y la quita de subsidios al presupuesto de los trabajadores.
La brecha tarifaria: El castigo al usuario no registrado
Uno de los puntos más críticos de la nueva normativa es el refuerzo del esquema punitivo para quienes no posean la tarjeta SUBE nominalizada. El Gobierno busca profundizar la «trazabilidad de los recursos públicos» incentivando el registro de los datos personales de cada usuario.
Para quienes utilicen tarjetas sin registrar, la brecha tarifaria se vuelve un abismo: en los trenes metropolitanos, el recargo es del 100% sobre la tarifa base. En el caso de los colectivos, se busca «armonizar» los criterios con el sistema ferroviario, lo que implica un ajuste al alza en las penalidades que ya alcanzaban el 59% adicional. Esta política crea ciudadanos de dos categorías frente al servicio público, afectando desproporcionadamente a sectores informales o con dificultades de acceso digital para completar el trámite de registro.
Flexibilidad tarifaria para trenes de larga distancia
La Resolución 27/2026 también dota a la Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima (SOFSE) de una discrecionalidad mayor para fijar precios fuera del área metropolitana. A partir de ahora, la empresa podrá aplicar tarifas que oscilen entre un 75% menos y un 75% más respecto de los valores de referencia.
Este margen de flexibilidad, según la norma, responde a la intención de «adaptar la oferta a las variaciones estacionales» y competir con el transporte automotor interjurisdiccional, que ya se encuentra desregulado. En la práctica, esto otorga una herramienta de mercado a un servicio público esencial, permitiendo subas considerables en épocas de alta demanda turística o migratoria.
El impacto en la canasta básica
Aunque el Gobierno mantiene los beneficios del «Sistema de Boleto Integrado» (descuentos por trasbordos) y los atributos sociales para grupos de afinidad, el aumento escalonado representa un golpe sostenido al poder adquisitivo. La gradualidad de la medida —repartida en meses consecutivos— funciona como una estrategia política para diluir el impacto mediático del ajuste, aunque la carga acumulada al final del ciclo impactará de lleno en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La normativa lleva la firma de Mariano Ignacio Plencovich, Secretario de Transporte, y entra en vigencia de forma inmediata, marcando una línea de gestión que prioriza la reducción de la transferencia de fondos públicos a las empresas a costa del bolsillo del pasajero.
