La pintura retrata a un oficial de la Fuerza Pública rodeado de calaveras recibiendo una condecoración, mientras en otra parte de la columna, el mismo personaje golpea a un joven.
Un mural financiado por la Alcaldía de Bogotá que denuncia los abusos de la Policía colombiana ha generado opiniones divididas entre la ciudadanía y varios políticos.
La pintura, realizada por un colectivo de artistas patrocinado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) en el marco de una estrategia denominada ‘Museo Abierto de Bogotá: pintura en espacio público’, que busca transformar los espacios urbanos a través del arte, retrata a un oficial de la Fuerza Pública rodeado de calaveras recibiendo una condecoración, mientras en otra parte de la columna, el mismo personaje golpea a un joven.
El acto fue rechazado por varios líderes políticos, entre los que se encuentra la senadora, María Fernanda Cabal, quien calificó el mural como “una vergüenza”. Asimismo, el concejal Jorge Colmenares criticó a la alcaldesa de la capital del país, Claudia López, por ‘malgastar’ el dinero destinado al proyecto. “¿Este es el plan de la alcaldesa de pintar los puentes? Idartes destina más de 700 millones de pesos [176.400 dólares] para esta intervención artística, que termina en insultos e irrespeto contra la fuerza pública”, expresó.
A propósito de este mural en un puente de Bogotá, financiado con recursos públicos, hay una sentencia de la @CConstitucional de hace 25 años que puede ayudar a separar el ruido del debate. 🧵 ñoño corto sobre libertad de expresión, censura y arte en espacios del Estado. (1/8) pic.twitter.com/QdseiBYp7v
— Santiago Pardo Rodríguez (@SantiagoPardoR) December 19, 2021
El representante a la Cámara de Bogotá Juan Carlos Wills también condenó el acto y anunció que citará a debate de control político a la alcaldesa para que “explique a todos los colombianos por qué se está gastando la plata” de los impuestos en grafitis que “lo que hacen es humillar y maltratar la labor” de la Policía Nacional. “Debería estar gastándose esta plata en miles de cosas que sí necesita esta ciudad”, aseveró el funcionario.
Ante la avalancha de críticas, se pronunció la directora de Idartes, Catalina Valencia, señalando que el proyecto fue desarrollado por la agrupación SaintCat Crew, seleccionada a través de la convocatoria pública, basándose en “las impresiones, puntos de vista y opiniones de 20 personas en situación de calle y población recicladora que frecuenta y habita la zona” recogidos por el mismo colectivo.
Asimismo, Valencia recurrió al artículo 71 de la Constitución Política de Colombia que indica que “la búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres”.
Entretanto, el mural, que expresaba la inconformidad por los casos de brutalidad policial durante las manifestaciones en el país, fue pintado de blanco por un ciudadano que rechazó la intervención artística. Al respecto, Idartes respondió a través de las redes sociales: “No se borra al que opina distinto ni se censura el arte”.
Por su parte, otros usuarios de redes sociales criticaron los comentarios negativos de los funcionarios y recordaron los enfrentamientos con la policía durante las protestas en la capital colombiana.
“Se ‘delican’ porque artistas hacen un mural sobre la brutalidad policial; calladitos y cómplices durante la masacre policial”, escribió un internauta. “A los concejales […] les duele más que se gaste pintura a que se derrame sangre en las calles de Bogotá”, expresó.
⚠️#AlertaCensuraNaranja ⚠️ La agrupación SaintCat Crew, seleccionada a través de la convocatoria pública Beca Museo Abierto de Bogotá: pintura en espacio público, pintó este mural pero anoche fue tapado por quienes niegan que en Colombia hay abuso policial. (🧵) pic.twitter.com/y0GElWfajT
— Revista Cartel Urbano (@cartelurbano) December 19, 2021
En Colombia, las agresiones por parte de la fuerza pública en el marco de manifestaciones han aumentado en los últimos años. En 2021, durante las protestas antigubernamentales entre mayo y junio se registraron al menos 4.687 víctimas de violencia por parte de uniformados, de las cuales 44 serían homicidios presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública.