En el marco de una avanzada legislativa que busca redefinir la tenencia del suelo en Argentina, la abogada y exdirectora de Tierras Rurales, Florencia Gómez, analizó en una entrevista para Somos Radio AM 530 las consecuencias de la posible derogación de la Ley de Tierras (Ley 26.737). La especialista advirtió que el proyecto que actualmente se discute en el Senado, bajo el nombre de «inviolabilidad de la propiedad privada», no es más que un mecanismo para liberar el mercado de tierras a capitales globales, ya que «lo que quieren es derogar esta ley de tierras» bajo un nombre que funciona como «un eufemismo» para ocultar el trasfondo de la medida.
La normativa vigente establece un tope del 15% para la propiedad extranjera a nivel nacional, provincial y municipal, además de prohibir la venta de tierras que contengan cuerpos de agua permanentes. Gómez destacó que, a pesar de que la ley permite todavía un margen considerable de adquisición para extranjeros, el gobierno busca eliminar cualquier restricción, señalando que «hoy en Argentina están extranjerizadas 13 millones de hectáreas» y que, incluso cumpliendo la ley actual, «se podría llegar a extranjerizar 30 millones de hectáreas más» sin necesidad de reformas. Esta situación plantea la interrogante de por qué el Poder Ejecutivo insiste en una desregulación total si el marco legal actual ya permite una expansión significativa.
El análisis de Gómez vincula esta reforma con un interés estratégico por los bienes naturales, más allá de la producción agropecuaria tradicional. La abogada sostiene que el objetivo real es garantizar el control sobre fuentes de agua dulce para nuevos desarrollos tecnológicos y energéticos, afirmando que los sectores interesados buscan «tener acceso estricto a los bienes naturales o sea los cuerpos de agua al agua dulce» para fines que van desde la generación de energía hasta la instalación de «megaganjas de servidores para el tema de la inteligencia artificial». En este sentido, la derogación operaría como una facilitación de enclaves extranjeros en puntos clave del mapa argentino.
Un diseño normativo con sesgo geopolítico
Otro punto crítico del debate legislativo es la aparente discrecionalidad que el nuevo proyecto otorga al Poder Ejecutivo y a las provincias. Según Gómez, la redacción actual de la norma en el Senado presenta una contradicción, ya que por un lado elimina límites objetivos y, por otro, sugiere restricciones solo en casos específicos de estados extranjeros. La especialista calificó esta estructura como una «especie de aparente esquizofrenia que tiene la ley», la cual parece estar diseñada para alinearse con la estrategia de seguridad de Estados Unidos, dejando entrever que las limitaciones solo se aplicarían si el comprador es un actor rival, como China: «faltaba que que escriban eso en la ley: si es China la que quiere adquirir la tierra… entonces bueno están habilitadas las provincias para decir que no».
Impacto social y territorial en las provincias
Finalmente, la situación se agrava en contextos de crisis económica regional, donde pequeños productores se ven forzados a desprenderse de sus activos. Gómez ejemplificó esta problemática con el caso de Misiones, donde la desregulación de la yerba mate y la crisis del sector han dejado a los agricultores en una posición de vulnerabilidad extrema. En este escenario, advirtió que «hoy están los sirios con cuchillo y tenedor listos para comprar todas las tierras de las chakras de los de los productores y herbateros», quienes no pueden sostener su producción ante la falta de precios regulados y apoyo estatal. La derogación de la ley, por tanto, no solo afecta la soberanía a gran escala, sino que acelera el desplazamiento de las economías regionales.
