Rodolfo “Willy” Pregliasco contribuyó desde la física a esclarecer los hechos ocurridos en 1972.
El físico forense del CONICET Rodolfo “Willy” Pregliasco formó parte del juicio civil que se llevó a cabo en una corte de Florida, Estados Unidos, contra Roberto Guillermo Bravo por su rol en la Masacre de Trelew del 22 de agosto de 1972. Hasta el momento, a pesar de las demandas presentadas, el ex teniente de corbeta de la Marina Argentina no había podido ser juzgado.
El hecho se refiere a los sucesos que tuvieron lugar en la Base Militar Almirante Zar en la década de 1970, en el que fueron fusilados dieciséis prisioneros/as y tres resultaron heridos de bala por parte de un grupo de militares a cargo. A raíz del juicio iniciado en 2010, dos años después se encontró culpables a los oficiales, se los sentenció a cadena perpetua y se declaró a la masacre como hecho de lesa humanidad.
Pregliasco, quien había participado como perito en 2010 en el juicio llevado adelante en la ciudad de Rawson, Chubut, reestructuró la pericia para la actual instancia ante la corte de Estados Unidos que tuvo lugar entre junio y julio de 2022.
La experiencia del físico con lugar de trabajo en la Comisión Nacional de Energía Atómica e integrante del Consejo Asesor del Programa Nacional de Ciencia y Justicia del CONICET refleja cómo la investigación y publicación de resultados pueden realizar aportes a la reconstrucción de los hechos, en este caso de la historia.
El camino a la corte de Estados Unidos
En 2008, el juez Hugo Sastre convocó a Pregliasco en el marco de la instrucción de la causa por los hechos ocurridos en 1972. “El juez había participado en una actividad en 2007 en la que hablamos sobre la aplicación de rayos gamma en la investigación forense. Por eso, llegó a mí y su propuesta fue que no quería hacer un juicio basado sólo en libros de historia. Necesitaba elementos materiales de esa noche”, recuerda el investigador.
“Excavamos las capas de pintura, vimos irregularidades en el revoque, marcas en el piso; con esa información pudimos armar el plano a escala del lugar de la masacre”, reconstruye el físico. Este aporte permitió poner en duda la verosimilitud de la versión oficial según la cual la masacre había ocurrido como respuesta a un intento de fuga y violencia contra los oficiales: las distancias y los espacios no cuadraban con el relato. Este análisis fue parte de las pruebas del juicio realizado en 2010.
Si bien en 2012 se dictaminó la sentencia firme a los acusados de la masacre, no se había podido incluir entre ellos a Roberto Guillermo Bravo, radicado en Estados Unidos, ya que no se había conseguido su extradición. En 2020, los familiares de las víctimas representados por The Center for Justice and Accountability (CJA), acompañados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaron una demanda civil en contra de Bravo en el país anglosajón.
En ese contexto, nuevamente se convocó a Pregliasco: “Me llamaron como testigo experto para que expusiera mi pericia. Lo que tenía que hacer era adaptar la que se había presentado en Argentina al formato norteamericano, traducirla al inglés y luego trabajar en la declaración”, describe. En dicho proceso, contó con el asesoramiento del CJA.
En el lapso de tiempo entre los diferentes juicios, Pregliasco había encontrado un dato en relación a la trayectoria de uno de los proyectiles que, sin contexto, no tenía mayor relevancia. Durante el juicio, ese marco surgió del propio Bravo al escenificar el momento del supuesto intento de fuga: “Salió del estrado y se puso en una posición de disparo que daba una distancia de cuatro pies (1.21 metros) del piso. Mi cálculo de trayectoria mostraba que eso no podía haber sucedido nunca”.
Pregliasco relata que al ver y escuchar a Bravo se dio cuenta que la versión o la evidencia eran falsas, dado que, dentro de los elementos de la investigación, contaba con una foto que la revista Así había sacado en el lugar de los hechos días después de la masacre. En ella se visualizaba la marca de dos impactos en una puerta y otro en una bisagra. De cara al juicio de 2010, junto a su equipo de trabajo había podido reconocer la puerta y las marcas y, de acuerdo a los cálculos que realizaron, los disparos tenían que haberse hecho a la altura del hombro. Con la escenificación de Bravo, esta evidencia material obtuvo una relevancia significativa.
Los aportes del investigador se sumaron al conjunto de pruebas que permitieron que el 1 de julio la justicia norteamericana declare a Bravo responsable de la ejecución extrajudicial de Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villarreal de Santucho, y del intento de ejecución extrajudicial y tortura de Alberto Camps.
