“Una condena injusta y persecutoria”
Para amplios sectores del peronismo, la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner constituye un caso de proscripción política que excede el plano estrictamente legal. Sostienen que la inhabilitación de la dirigente con mayor nivel de representación e imagen positiva dentro del espacio afecta no solo sus derechos políticos, sino también la posibilidad de que una parte del electorado pueda elegir a una de sus principales referencias en las urnas.
Justicia y género: El debate por el «disciplinamiento»
Al cumplirse un año de la detención domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, el reclamo de los bloques de Unión por la Patria y el Justicialista se ha centrado en señalar que la democracia no puede permitir que el Poder Judicial funcione como un “actor de disciplinamiento político”. Sin embargo, la crítica trasciende lo estrictamente procesal para adentrarse en una perspectiva de género y de poder: se denuncia que la inhabilitación de por vida y las restricciones extremas buscan castigar la representatividad de una líder mujer bajo parámetros que no se aplican a otros detenidos. Según Raúl Kollmann, la Corte Suprema dictó una resolución de apenas 10 páginas sin evaluar que la expresidenta “no podía ser condenada por administración fraudulenta” al no tener atribuciones directas sobre Vialidad Nacional.
Disparidad judicial y el sesgo de género
La evidencia de un trato diferenciado surge de la comparación estadística entre las condiciones de arresto de la exmandataria y el resto del sistema federal. Mientras que el 98,24% de los detenidos domiciliarios puede recibir visitas sin límites, la expresidenta enfrenta un régimen que los legisladores califican como “objetivamente injustas, desproporcionadas, restrictivas y arbitrarias”. Esta disparidad es más aguda al observar que incluso procesados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico gozan de mayores libertades, lo que refuerza la tesis de un ensañamiento específico que busca “restringir la vida política de una dirigente” y, por extensión, la soberanía de sus votantes.
El peronismo frente a sus propios silencios
A pesar de la convocatoria a movilizarse hacia la calle San José y el Parque Lezama, sectores de la base militante y analistas señalan una «mezquindad política» en parte de la dirigencia que ha mantenido un perfil bajo durante este año. Voces críticas dentro del espacio sugieren que la fragmentación y la falta de una «marcha federal de verdad» evidencian que parte del peronismo prefiere “dejarse de joder y unirse” solo ante la presión de la calle. La falta de acciones contundentes frente a Tribunales o Comodoro Py es leída por algunos sectores como una claudicación de la dirigencia y la CGT, quienes parecen haber naturalizado que se esté “ejecutando una proscripción política inadmisible” sin una respuesta institucional unificada.
La Corte y la «naturalización» de la irregularidad
El cuestionamiento al máximo tribunal también apunta a la celeridad y la omisión de las irregularidades de la causa, como los vínculos sociales entre jueces y el entonces gobierno querellante de Mauricio Macri. El documento que los bloques presentarán ante la Corte Suprema advierte que estas decisiones judiciales afectan directamente el “derecho del pueblo a elegir” y degradan la competencia electoral. Ante este escenario, la propia Cristina Kirchner ha enviado mensajes instando a su base a tener “mucho coraje para organizar, para clarificar y para volver”, reconociendo que la etapa actual exige actitudes que rompan con la pasividad de ciertos sectores del arco opositor.
