En el marco de las audiencias públicas llevadas a cabo el pasado 9 de junio de 2026 en la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, se suscitaron intensos cruces entre los legisladores del interbloque opositor y los candidatos propuestos para diversos cargos en el Poder Judicial. El eje del debate no solo se centró en la idoneidad de los postulantes, sino también en la legalidad de la conformación de la propia comisión y el impacto de recientes fallos judiciales sobre los derechos de los trabajadores.
Una comisión bajo la lupa reglamentaria
El senador José Mayans, presidente del interbloque opositor, inició la jornada reiterando su postura sobre la irregularidad en la integración del cuerpo legislativo. «Esta comisión está constituida de una forma que es incorrecta, que viola el reglamento. Esta práctica es la primera vez que se produce», sentenció Mayans.
El legislador formoseño vinculó esta situación con una crisis institucional más profunda, denunciando que «el esquema de gobierno decidió avasallar todo y uno de los temas centrales es la Comisión de Acuerdos«, a la que calificó de estar operando bajo una «violencia que ejerce la conducción oficialista«.
Por su parte, el senador Eduardo «Wado» de Pedro respaldó estas afirmaciones, manifestando que «esta comisión está ilegalmente o ilegítimamente constituida» y defendió el derecho de los senadores a realizar valoraciones políticas sobre los fallos jurídicos, en contraposición a los intentos de la presidencia de la comisión de limitar el debate a aspectos técnicos.
Sospechas por el tratamiento de la reforma laboral
Uno de los momentos de mayor tensión se produjo durante la entrevista al Juez Víctor Arturo Pesino. Los senadores de la oposición señalaron una presunta correlación temporal entre sus decisiones judiciales y la postulación de su pliego por parte del Poder Ejecutivo.
Uno de los momentos más ásperos ocurrió cuando el senador Mariano Recalde confrontó a Pesino sobre su reputación en el ámbito judicial. Citando lo que definió como «asuntos de público y notorio conocimiento«, Recalde trasladó al recinto una versión que circula en el fuero laboral. «Usted sabe que en el fuero a usted y a su colega María Dora González se los apoda y se los denomina como ‘Bonnie and Clyde‘», lanzó el legislador ante la sorpresa de los presentes.
Ante la negativa tajante del magistrado y los intentos de la presidencia de la comisión por encauzar el debate, Recalde justificó la crudeza de su interrogatorio como una obligación institucional. «No es orden de chimentos, son cuestiones institucionales y graves; a nosotros nos corresponde evaluar», sostuvo el senador, tras mencionar que en los pasillos de tribunales se escuchan «cosas terribles sobre favores, sobre pagos, sobre compra y venta de sentencias«.
La intervención fue respaldada por otros miembros del bloque opositor, quienes vincularon estos rumores con una crisis sistémica. El senador De Pedro cuestionó directamente la revocación de una medida cautelar de la CGT que frenaba la reforma laboral, señalando que dicha resolución ocurrió apenas 24 horas después de que el Ejecutivo enviara su pliego al Senado.
«En sectores del Poder Judicial hay olor a podrido y lo sabe la sociedad y lo saben todos», afirmó De Pedro, vinculando las políticas oficiales con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
Ante estas acusaciones, el postulado Pesino negó cualquier «intercambio de favores«, atribuyendo la coincidencia de fechas a una cuestión administrativa y defendiendo su actuación bajo criterios de «razonabilidad y sentido común«.
La intervención de la UOM y la «industria del juicio»
La reciente intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) también fue objeto de duras críticas. De Pedro trazó un paralelismo histórico, señalando que solo hubo tres intervenciones al gremio: en 1955, en 1976 y bajo el actual gobierno de Javier Milei.
Criticó la designación de un interventor con perfil político, perteneciente a la UCR-Cambiemos, preguntando cómo es posible que por una discusión en una delegación se intervenga la voluntad de más de 200.000 trabajadores.
El senador Mariano Recalde se sumó a este análisis, advirtiendo que lo que antes se hacía con «fusiles y botas» durante las dictaduras, ahora se ejecuta mediante «sentencias judiciales«, entre otras, intervenir sindicatos.
Recalde también indagó sobre la supuesta «industria del juicio«, a lo que el candidato Pesino respondió que «los juicios existen porque hay conflictos» y que no considera que exista tal industria de manera concentrada.
Justicia Social y Principio Protectorio
Recalde centró parte de su intervención en la vigencia de los principios constitucionales. Consultó a los postulantes sobre su visión del principio protectorio (Art. 14 bis) y la justicia social (Art. 75 inc. 22). Para Recalde, «la justicia social no es más que un aspecto de la justicia en sí mismo; es dar a cada uno lo suyo en el marco de un contrato de trabajo«.
Mayans cerró esta línea argumental denunciando que la nueva reforma laboral rompe este principio al vulnerar derechos de huelga, licencias y el sistema previsional. «El derecho laboral desapareció en la Argentina y el principio protectorio está roto, afectando la vida de millones», concluyó el senador, calificando al modelo actual como un esquema que «roba todos los días algo de la patria«.
