En una jornada de debate en la Facultad de Derecho, organizada por la lista ADN, integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación presentaron un informe técnico que cuestiona la imparcialidad del Poder Judicial en los procesos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según Fernanda Maciel, candidata por el claustro de graduados, este escenario trasciende lo jurídico para convertirse en una discusión de «trascendencia jurídica política institucional y democrática porque estamos hablando de la detención ilegítima de Cristina Fernández de Kirchner». La exposición, difundida a través del canal de YouTube de Vanesa Siley, plantea que la desconfianza social en los fallos actuales pone en riesgo la legitimidad del sistema democrático,.
La brecha de las domiciliarias y el rigor selectivo
LAS CONDICIONES DE DETENCIÓN DE CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER SON ARBITRARIAS Y DISCRIMINATORIAS
📄 Presentación del informe institucional del Consejo de la Magistratura de la Nación
Junto a los consejeros @rodotailhade, @marianorecalde, @anabelfsagasti y @elfederalist,… pic.twitter.com/DzRfSS0Pgt
— Vanesa Siley (@Vsiley) June 9, 2026
Uno de los puntos centrales del informe radica en la disparidad de condiciones materiales en las detenciones domiciliarias. El diputado y consejero Rodolfo Tailhade detalló que, de 2.513 personas bajo esta modalidad en la justicia federal, solo el 20% utiliza tobillera electrónica, una medida que en el caso de la expresidenta se considera de un «rigor excesivo» dado su alto perfil público. Tailhade sostuvo que el objetivo del «poder real» es «que no hable más, sacarla de la cancha que no sea un factor en ninguna elección ni en ninguna situación social o política», señalando una intencionalidad de desgaste simbólico por encima de los fines procesales.
La comparación con otros delitos federales agrava la percepción de una «justicia de doble vara». El informe indica que existen 1.280 narcotraficantes con prisión domiciliaria en el país y que, de ese total, «ningún narcotraficante en nuestro país tiene restricción de visitas«,. Para los expositores, esto evidencia que las prioridades del sistema judicial no están en la persecución del crimen organizado, sino en responder a terminales de poder que buscan «que Cristina no haga absolutamente nada», mientras otros condenados por delitos graves gozan de libertades ambulatorias y de comunicación casi automáticas.
Paralelismos históricos y la figura de la proscripción
El análisis también incorporó una perspectiva histórica al comparar la situación actual con el derrocamiento y posterior persecución de Hipólito Yrigoyen en 1930. César Grau, especialista invitado, trazó coincidencias en el rechazo sistemático de recursos judiciales y la inhabilitación política, afirmando que «las semejanzas son increíbles con la actualidad» tras repasar los escritos de defensa del líder radical. Según Grau, tanto en 1930 como hoy, el sistema busca la «inhabilitación perpetua» de líderes populares mediante «delitos imaginarios» y el aislamiento social.
Por su parte, Vanesa Siley hizo hincapié en las irregularidades de la denominada «Causa Vialidad», calificándola de «mamarracho» jurídico donde se violaron garantías básicas como el principio de inocencia y el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho,. Siley enfatizó que, incluso en casos de asociación ilícita en la ciudad de Buenos Aires, «absolutamente ninguna tiene restricciones a las visitas», dejando a la expresidenta como el único caso con prohibiciones de contacto y movilidad restringida dentro de su propio domicilio.
Crisis institucional y el concepto de Lawfare
La senadora Anabel Fernández Sagasti cerró el panel con una crítica severa a la actual composición y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Sagasti argumentó que existe un estado de desamparo en la ciudadanía debido a que «el republicanismo que a nosotros nos enseñan en estas facultades ya no existe más«,. Para la legisladora, el Poder Judicial ha derivado en una disputa de facciones o «bandas» que se disputan el mercado del poder, dejando de lado la aplicación estricta de la ley.
La interpretación del Lawfare fue un eje transversal, definido no como una teoría abstracta sino como una «maquinaria de hechos y de atrocidades» que incluye traslados de jueces a dedo y la intervención de organismos como el Consejo de la Magistratura mediante fallos cuestionables. Sagasti concluyó que el ensañamiento judicial busca un efecto de «muerte lenta a través del desgaste personal y la erosión simbólica», un proceso que, según los expositores, afecta no solo a una figura política sino al refugio democrático de todos los ciudadanos que buscan justicia e igualdad ante la ley,.
