Militarización y conflicto: Bolivia en el umbral del Estado de Excepción
El gobierno de Bolivia, encabezado por el presidente Rodrigo Paz, ha puesto sobre la mesa la implementación de un estado de excepción como respuesta a las protestas y bloqueos que paralizan el país desde hace más de cuatro semanas. Según reportó la agencia teleSUR, esta medida, que ya cuenta con la aprobación del Senado y espera la ratificación de la Cámara de Diputados, busca otorgar una “presunción de legalidad a las acciones militares” en un contexto de creciente conflictividad social.
La estrategia del Ejecutivo: ¿Diálogo o coerción?
Pese a que el mandatario ha insistido públicamente en que “lo que Bolivia necesita es diálogo y no confrontación”, su administración avanza en un marco legal que trasladaría la responsabilidad política de la represión directamente al Gobierno, blindando el accionar de las fuerzas de seguridad. Esta dualidad discursiva se manifiesta mientras la gestión de Paz intensifica lo que diversos sectores denuncian como una “persecución judicial abierta contra la protesta social”, afectando a numerosos dirigentes sindicales y campesinos.
Criminalización de la protesta y el factor Evo Morales
La narrativa gubernamental ha intentado vincular las movilizaciones, que exigen la renuncia del presidente, con economías ilícitas para deslegitimar las demandas populares. En sus declaraciones, Paz acusó al exmandatario Evo Morales de financiar los bloqueos con recursos del narcotráfico, afirmando que el líder cocalero “está usando al pueblo como escalera para defenderse de sus problemas judiciales”. No obstante, desde la perspectiva de los movimientos sociales, estas acusaciones se interpretan como un «falso positivo» diseñado para incriminar a la oposición política.
El escenario internacional y la respuesta de la oposición
La crisis boliviana ha trascendido fronteras, recibiendo un explícito respaldo de los Estados Unidos a través de su secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien sostuvo que “Bolivia no debe permitir que el viejo statu quo de dominio narcoterrorista en la región vuelva a imponerse”. Ante este alineamiento, Evo Morales denunció una estrategia de estigmatización, señalando que el oficialismo recurre al concepto de narcoterrorismo para «desacreditar las demandas legítimas de quienes defienden la democracia» y los recursos naturales del país.
Impacto territorial y operaciones en curso
En el terreno, la situación es crítica con cerca de un centenar de puntos de bloqueo que afectan el abastecimiento en ciudades clave como La Paz, El Alto, Cochabamba y Potosí. Recientemente, un operativo conjunto de policías y militares logró desbloquear rutas estratégicas en Lipari y Río Abajo utilizando maquinaria pesada, en un intento por “restablecer el tránsito de alimentos” hacia zonas urbanas que sufren una severa escasez tras un mes de conflicto ininterrumpido.
