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México confirma asilo político a opositores ecuatorianos que se habían refugiado en su Embajada en Quito

Los políticos viajaron la mañana de este jueves en un vuelo comercial al país norteamericano.


La Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó que le fue otorgado el «asilo político» a siete opositores ecuatorianos, que se habían refugiado, desde octubre pasado, en su Embajada en Quito.

Los políticos viajaron la mañana de este jueves desde la capital ecuatoriana hasta México, en un vuelo comercial, luego de que Quito otorgara «esta semana los salvoconductos, las facilidades y las garantías correspondientes», precisó la Cancillería mexicana, como había sido informado más temprano por el canciller del Gobierno de Lenín Moreno, José Valencia.

«El Gobierno de México reconoce el respeto y la observancia (cumplimiento) al derecho internacional en materia de asilo que ha dado el Estado del Ecuador y agradece la institucionalidad de las autoridades de ese país durante todo el proceso», enfatiza el comunicado de las autoridades mexicanas.

Los opositores asilados

Aunque ninguna de las Cancillerías menciona los nombres, se conoce que en la legación diplomática en Quito estaban refugiados los asambleístas por la Revolución Ciudadana Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri y el asambleísta alterno Luis Fernando Molina.

También se encontraban los cónyuges de estos políticos opositores: Luis Flores, esposo de Rivadeneira; Fausto Jarrín, cónyuge de Buendía; y Tania Pauker, esposa de Viteri.

Estos políticos se refugiaron en esa Embajada durante y tras las manifestaciones antigubernamentales contra el «paquetazo» de Lenín Moreno.

Rivadeneira, tras refugiarse, informó que lo hizo luego de padecer «un seguimiento extrajudicial». Entonces, comentó que habría sido vigilada por «agentes de Inteligencia, carros de la Policía, militares y civiles» frente a su domicilio, despacho personal y espacios de militancia.

Mientras se suscitaban las manifestaciones, Moreno acusó públicamente que el exmandatario Rafael Correa y sus aliados políticos en el país, que se agrupan en el movimiento Revolución Ciudadana, eran los responsables de la violencia durante las protestas, como parte de un plan para desestabilizar a su Gobierno.

Otros políticos del mismo movimiento están siendo procesados, acusados del delito de rebelión, vinculado a esas protestas, entre ellos: la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón; su colaborador Christian González Narváez; el exasambleísta Virgilio Hernández; y su colaborador Pablo Del Hierro.

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