Un fiscal denuncia a una presidenta por complicidad con terroristas. La noticia produce una conmoción en Argentina y repercute a nivel internacional. Cuatro días después, ese fiscal aparece muerto. En el caso hay intereses de Estados Unidos, Irán e Israel, espías, jueces, fiscales, periodistas y dirigentes políticos oficialistas y opositores. Las especulaciones estallan de inmediato.
Para unos, fue un suicidio. Para otros, un asesinato. Sin duda alguna.
Esa puja ha marcado a la sociedad argentina durante los últimos cinco años, desde que el fiscal Alberto Nisman fue encontrado muerto en el baño de su departamento. Más allá de las pruebas para sostener una u otra teoría, las declaraciones públicas, las investigaciones, los peritajes y los fallos judiciales han estado manchados todo el tiempo por manipulaciones, filias, fobias e intereses políticos.
El debate sobre qué pasó con Nisman se intensificó estas semanas con el estreno en Netflix del documental “El fiscal, la presidenta y el espía”, del realizador inglés Justin Webster. El principal aporte de la serie, que consta de seis capítulos y que cuenta con archivos fílmicos y testimonios inéditos, es que no respalda la versión del asesinato ni la del suicidio. No santifica ni demoniza al fiscal. No juzga a los personajes. No fomenta la “indignacionitis”, esa reacción visceral promovida por simpatías y antipatías políticas. Se limita a explicar, a mostrar contradicciones. No les habla a las audiencias convencidas.
En un país tan polarizado como Argentina, una de las principales críticas hacia el documental es precisamente que no fija una posición. No da certezas, ni especula. Otros espectadores han acomodado la lectura de la cinta a sus propios prejuicios y, en sus reseñas, aseguran que Webster apoya más la teoría del asesinato o la del suicidio, según lo que ellos mismos piensan.
En un país tan polarizado como Argentina, una de las principales críticas hacia el documental es precisamente que no fija una posición. No da certezas, ni especula.
Además de la película y la proximidad del quinto aniversario de la muerte de Nisman, el caso tomó actualidad a partir del renovado enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, ya que el fiscal acusaba a los iraníes de haber organizado el ataque terrorista que en 1994 sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Fue el atentado más grave en América, previo a la caída de las Torres Gemelas en 2001.
Por eso es que en Argentina temen que la crisis en Medio Oriente implique la planeación de nuevos ataques terroristas alrededor del mundo. Saben de la vulnerabilidad de este país, ya que tiene la población judía en el exterior más grande después de Estados Unidos, más dos atentados totalmente impunes.
Los hechos
El 18 de octubre de 1994 un coche bomba estalló en la sede de la AMIA. El resultado fue de 85 muertos, cientos de heridos y una sociedad desconcertada. Apenas dos años antes, un primer atentado en la Embajada de Israel en Buenos Aires había matado a 22 personas.
Casi tres décadas después, no hay un solo condenado por ninguno de los dos ataques.
La investigación AMIA fue entorpecida desde el principio con pistas falsas, encubrimientos, sobornos y múltiples anomalías que culminaron en la anulación del primer juicio que se llevó a cabo en contra de los presuntos cómplices locales.
De los tres fiscales que participaron en ese proceso, sólo Nisman se libró de imputaciones judiciales, así que en 2004 el fallecido ex presidente Néstor Kirchner lo designó como fiscal especial de la causa AMIA. Desde entonces, su principal línea de investigación, impulsada por un prominente espía llamado “Jaime” Stiuso, fue que el gobierno iraní había organizado el atentado. Más tarde, logró que Interpol emitiera alertas rojas en contra de ocho ciudadanos iraníes acusados del ataque, lo que permitía su detención con fines de extradición en cualquier aeropuerto del mundo.
En 2013, con Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia, Argentina firmó un Memorándum de Entendimiento con Irán en el que ambos países acordaban la creación de una Comisión de la Verdad integrada por figuras internacionales. El gobierno apostaba a que Irán permitiría que jueces locales interrogaran en Teherán a cinco de los ocho iraníes imputados. Creía que sería el primer avance real en la conexión internacional. La oposición no pensaba lo mismo. Parte de la sociedad argentina acusó a la presidenta de negociar con terroristas.
Al final, el polémico Memorándum nunca entró en vigencia. La justicia argentina lo declaró inconstitucional y el Parlamento iraní lo rechazó.
Sin embargo, el 14 de enero de 2015 el fiscal Nisman sorprendió a los argentinos y al mundo al denunciar por “traición a la patria” a Fernández de Kirchner y a su entonces canciller, Héctor Timerman. Aseguró que el verdadero objetivo del Memorándum era que se levantaran las alertas rojas contra los iraníes acusados, a cambio de incrementar la relación comercial. Es decir, dotar de impunidad a los presuntos terroristas. Las notificaciones, sin embargo, siempre se mantuvieron vigentes.
Nisman apareció muerto en el baño de su departamento con un disparo en la cabeza. Hasta ahí, los hechos. Después vino una enmarañada historia de intrigas en la que pesaron mucho más las especulaciones y los odios políticos que las pruebas.