El fin de una práctica democrática consolidada
La mañana del 23 de abril de 2026, el ingreso a la Casa Rosada se transformó en un muro para quienes tienen la tarea de informar. En una medida que la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) calificó como una disposición que “no registra antecedentes” en la vida democrática, el Gobierno nacional procedió a dar de baja las huellas dactilares de todos los periodistas acreditados en la sede del Ejecutivo. Al llegar a sus puestos de trabajo, los cronistas fueron interceptados por personal de la Casa Militar y la Policía Federal, quienes les impidieron el acceso de forma “intempestiva”.
Para los periodistas afectados, el mensaje del oficialismo fue contundente. El Círculo de Periodistas de Casa Rosada denunció en una misiva pública que “la decisión sugiere una avanzada explícita contra la libertad de prensa”, señalando que se les prohibió incluso retirar sus pertenencias de la sala de prensa. La medida se ejecutó sin notificación previa de la Secretaría de Comunicación y Medios, dejando a la sede de la Presidencia sin cobertura periodística presencial por primera vez en décadas.
El «espionaje» como coartada administrativa
El argumento oficial para este bloqueo generalizado se ancló en una denuncia penal por presunto “espionaje ilegal”. La Casa Militar, órgano bajo la órbita de Karina Milei, apuntó contra dos periodistas de la señal Todo Noticias (TN) por filmar pasillos internos con lentes inteligentes para el programa «¿Y mañana qué?». Según la acusación, esto constituyó una “divulgación de secretos políticos y militares” que vulneró la seguridad estratégica del edificio.
Sin embargo, la generalización de la sanción a todo el cuerpo de prensa despertó suspicacias. Melisa Molina, redactora de Página|12, consignó en su análisis que “el gobierno eligió al periodismo y a los periodistas como los enemigos a derrotar” tras la publicación de diversos casos de presunta corrupción ministerial. En lugar de circunscribir la investigación a los involucrados, el Ejecutivo optó por suspender la prórroga de todas las acreditaciones vigentes mientras avanza una pesquisa interna sin plazos claros de normalización.
La sombra de Silicon Valley y el blindaje institucional
Resulta llamativo que el blindaje de la Casa Rosada coincidiera temporalmente con la visita de Peter Thiel, magnate de Silicon Valley y fundador de Palantir, empresa especializada en el análisis de datos y vigilancia masiva. Mientras los cronistas permanecían tras las rejas de Balcarce 50, Milei recibía al empresario que sostiene que “la libertad y la democracia no son compatibles”. La ausencia de prensa impidió cualquier cobertura sobre posibles acuerdos que podrían condicionar la soberanía nacional y la gestión de recursos estratégicos en la Patagonia.
En paralelo, la violencia discursiva alcanzó niveles críticos. El Presidente utilizó sus redes sociales para ratificar la medida, compartiendo publicaciones que tildan a los trabajadores de prensa de “basuras repugnantes” e “inmundas”. Según el reporte de Infobae, Milei celebró la prohibición de ingreso como una “excelente medida”, profundizando una narrativa de hostigamiento que, de acuerdo con el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), representa una “extrema gravedad institucional”.
Un retroceso medido en rankings internacionales
Este episodio no es un hecho aislado, sino la culminación de un deterioro sostenido. El Informe sobre libertad de expresión en Argentina 2025 ya advertía sobre una “escalada de agresión y desprestigio hacia el periodismo” como política de Estado. Según Reporteros Sin Fronteras, Argentina sufrió una caída abrupta en el índice global de libertad de prensa, descendiendo del puesto 40 al 87 bajo la gestión libertaria.
La oposición en el Congreso no tardó en reaccionar. El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) sostuvo que “esto no es una medida preventiva de seguridad nacional, es un ataque más contra la libertad de expresión”. En la misma línea, un proyecto de resolución presentado por legisladores de distintos bloques insta al Poder Ejecutivo a la “urgente reapertura de la Sala de Periodistas”, recordando que ni siquiera durante la dictadura militar se interrumpió de manera tan generalizada el funcionamiento de dicho espacio.
