Destacada Judicial

Comenzaron a juzgar a 18 represores por delitos contra casi 500 víctimas en la dictadura

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata comenzó a juzgar a Miguel Etchecolatz y al exmédico policial Jorge Berges por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en el «Pozo de Banfield», el «Pozo de Quilmes» y «El Infierno».


El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata comenzó hoy a juzgar a 18 represores, entre ellos a Miguel Etchecolatz y el exmédico policial Jorge Berges por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar, entre ellos los adolescentes secuestrados en La Noche de los Lápices.

Se trata de los delitos cometidos en los centros clandestinos conocidos como el «Pozo de Banfield», el «Pozo de Quilmes» y «El Infierno», que estaba ubicado en la Brigada de Lanús.

El juicio que unificó los crímenes de lesa humanidad cometidos en los tres centros comenzó pasadas las 10.30, por videoconferencia debido al aislamiento social y obligatorio dispuesto ante la pandemia de coronavirus; y en esta primera audiencia se leyeron las respectivas requisitorias de elevación a juicio por cada centro clandestino.

Para garantizar el carácter público del mismo se transmitió por el canal del Centro de Información Judicial (CIJ) y también el canal de Youtube de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

El TOF 1, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, comenzó a juzgar por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes al exministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; al exdirector de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el exmédico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.

También empezó a juzgar a Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti.

Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro conocido como «El Infierno» también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.

En esta primera audiencia, y mientras se leían las requisitorias, los imputados siguieron la lectura en los domicilios donde la mayoría cumple arresto domiciliario; excepto Miguel Etchecolatz y Jorge Di Pasquale que están en prisión.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por los fiscales Hernán Shapiro, Gonzalo Miranda y Juan Martín Nogueira.

En el Pozo de Banfield y Quilmes, dos de los centros clandestinos de detención más grandes que funcionaron en la provincia de Buenos Aires, se juzgarán los delitos sufridos por 429 víctimas y se prevé que declaren unos 400 testigos.

Los 17 imputados están acusados de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado, abuso sexual con acceso carnal y sustracción, retención y ocultamiento de menores.

Los centros del Horror

En los centros conocidos como Pozos de Banfield y Quilmes fueron alojados los estudiantes platenses secuestrados en septiembre de 1976 en La Plata, en un hecho conocido como La Noche de los Lápices.

Según la requisitoria de elevación a juicio leída en esta primera audiencia: «el Pozo de Banfield se destacó por ser un lugar donde se practicó la tortura sistemática en condiciones de detención afines, siendo la violencia sexual una modalidad integrada en el elenco de actos que convergieron en el intento deshumanizante de la persona detenida».

«Fue un ambiente donde la idea de la desaparición fue llevada a extremos tendientes a incidir en la descendencia de la persona desaparecida», se leyó y destacó que en ese marco, se instaló allí una «maternidad clandestina» «en la que tuvieron comienzo de ejecución los actos tendientes a sustraer, ocultar y cambiar la identidad de los hijos e hijas de los y las detenidas».

Con respecto a la violencia sexual que las víctimas dijeron padecer en este centro de cautiverio, en la requisitoria se remarcó que «formó parte del ataque generalizado y sistemático de violaciones a los derechos humanos» y que «bajo estas condiciones, adquiere el carácter de crimen de lesa humanidad» y, por tanto, «su persecución penal resulta imprescriptible».

Entre las violencias más importantes se encuentran la desnudez forzada, la violación y los abusos sexuales.

El Pozo de Quilmes funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes, y en él a los detenidos se los sometía a torturas con picana eléctrica, submarino seco y a simulacros de fusilamiento y también eran víctimas de violencia sexual.

Por los delitos cometidos en el centro conocido como «El Infierno», que funcionó en la Brigada Lanús, será juzgado también Etchecolatz, el civil Jaime Smart, el ex represor Juan Miguel Wolk (también juzgado por ambos Pozos) y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.

Los cuatro están acusados de secuestro, torturas y violencia sexual sobre 62 víctimas, 15 de las cuales se encuentran desaparecidas.

El Pozo de Banfield, un centro clandestino donde las «las mujeres daban a luz engrilletadas»

En el centro clandestino de detención conocido como «Pozo de Banfield» funcionó una «maternidad clandestina» donde las mujeres daban a luz «en condiciones aberrantes» y «engrilletadas», según la requisitoria de elevación a juicio leída en la primera audiencia del juicio que comenzó este martes y juzga a 18 represores.

Allí se precisó que en el Pozo de Banfield, montado en el edificio donde funcionaba el área de Delitos contra la Propiedad de la policía bonaerense, «no sólo daban a luz las mujeres secuestradas en ese lugar, sino que también trasladaban a otras de otros centros clandestinos exclusivamente a esos fines».

En la lectura de esa requisitoria, se detalló que las embarazadas también permanecían tabicadas y eran torturadas física y psicológicamente y al momento del parto «daban a luz en condiciones aberrantes: desnudas, engrilletadas, mientras eran insultadas y obligadas a limpiar su propia sangre de manera inmediata después del nacimiento».

«Sumado a todo ese horror, los niños y niñas eran separados de sus madres y padres, para ser entregados -en general- a familias vinculadas con la dictadura y ser luego inscriptos falsamente como descendientes del núcleo apropiador y, de esa forma, desaparecidos y desaparecidas», se detalló ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, a cargo de este juicio.

A 13 de los 18 represores que comenzaron hoy a ser juzgados, entre ellos Miguel Etchecolatz; el médico policial Jorge Berges; el ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart y el jefe del Pozo, Juan Miguel Wolk, se les imputaron los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de 7 niños que permanecieron detenidos en en dicho centro clandestino.

Se trata de Victoria Castellini, hija de María Eloísa Castellini; un niño o niña dado a luz por Gabriela Carriquiriborde; Carlos D´Elia Casco, hijo de Yolanda Iris Casco Ghelpi; Carmen Gallo Sanz, hija de Aída Celia Sanz Fernández; María José Lavalle Lemos, hija de Mónica María Lemos de Lavalle; María Victoria Moyano Artigas, hija de María Asunción Artigas Nilo y Martín Ogando Montesano, hijo de Stella Maris Montesano Sánchez.

Noticias relacionadas

Piden considerar casos de «violencia sexual» en las condenas del juicio Saint Amant III

Editora

Indígenas y víctimas acusaron al Estado ecuatoriano por cometer delitos de lesa humanidad

Editora

La dictadura boliviana reivindica el asesinato del líder revolucionario Che Guevara

Editora

Deja un comentario