Al cumplirse el primer aniversario del fallo de la Corte Suprema de Justicia que derivó en la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los bloques legislativos de Unión por la Patria (UxP) y el justicialismo llevaron adelante una serie de acciones políticas para denunciar lo que consideran una «proscripción» y una «detención arbitraria».
Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles en el Salón de las Provincias del Senado, senadores y diputados nacionales presentaron un informe comparativo sobre las condiciones de detención domiciliaria en Argentina. Según la información consignada por el diario Página|12, el reclamo incluyó la redacción de una carta dirigida a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura para exigir el cese de las irregularidades en el cumplimiento de la pena de la exmandataria.
Desigualdad en las condiciones de detención
El eje central de la denuncia, expuesto por el presidente del bloque de diputados de UxP, Germán Martínez, se centró en la excepcionalidad de las restricciones impuestas a Fernández de Kirchner en su domicilio de San José 1111. Martínez afirmó que ni los condenados por delitos de lesa humanidad ni los narcotraficantes enfrentan regímenes de visitas tan severos como los de la expresidenta.
Para sustentar esta afirmación, los legisladores utilizaron datos obtenidos vía pedidos de acceso a la información pública ante el Consejo de la Magistratura. El informe revela disparidades estadísticas significativas:
- Monitoreo electrónico: Mientras que Fernández de Kirchner utiliza tobillera electrónica, solo el 23,96% de los 2.513 detenidos con prisión domiciliaria en el fuero federal posee este dispositivo. En casos de lesa humanidad, el porcentaje es del 44,12%.
- Régimen de visitas: El 98,24% de los detenidos domiciliarios no posee limitaciones específicas de visitas. En contraste, la expresidenta solo puede recibir a tres personas por día, durante un máximo de dos horas, dos veces por semana.
- Permisos de salida: El 42,73% de los detenidos por narcotráfico cuenta con autorizaciones para trabajar, estudiar o realizar actividades familiares, beneficios que no han sido extendidos a la exmandataria.
El impacto institucional y la postura del peronismo
El senador José Mayans vinculó la celeridad del fallo judicial con el calendario electoral de 2025, señalando que la resolución de la Corte se produjo apenas meses después de que Fernández de Kirchner manifestara su intención de ser candidata. «La democracia sin justicia no es democracia», sentenció Mayans durante la jornada.
Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó la condena como «arbitraria» y «desprovista de pruebas», sumándose al pedido de libertad inmediata. En la misma línea, Máximo Kirchner denunció un «abuso de poder» por parte de la presidencia de la Corte Suprema y un intento deliberado de «humillar» a la dirigente.
Desde otros sectores de la oposición, el diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal) también se pronunció sobre la gravedad institucional del caso y sugirió la necesidad de un debate parlamentario para revisar el fallo que ratificó la condena de seis años de prisión.
Movilizaciones y agenda de resistencia
La jornada del miércoles no se limitó a la actividad parlamentaria. Se registraron concentraciones frente al domicilio de la expresidenta y diversas intervenciones en universidades y barrios de todo el país.
De acuerdo con las fuentes citadas, el plan de acción de la militancia continuará durante la próxima semana y culminará el sábado 20 de junio, Día de la Bandera. Para esa fecha, se organiza un «banderazo» multitudinario en Parque Lezama, donde se espera la difusión de un mensaje de Cristina Fernández de Kirchner a sus seguidores.
